Oaxaca: Elecciones y Gobierno II

Nuevas condiciones de la lucha electoral

OAXACA, Oax. 6 de diciembre de 2015.- Reitero la tesis de que los oaxaqueños estamos agotando rápidamente los beneficios de la vía electoral como la forma más idónea de acceder al poder público. Esta vía no ha sido un vehículo para el cambio del estamento gubernamental, en consecuencia, con todos sus vicios, sólo se ha producido un gatopardismo: que todo cambie para seguir igual.

El hombre y mujer que se atreva a una renovación total y a una modernización de este estamento, es decir, liquidar su carácter estamental, convertirlo en un grupo profesional de servidores públicos apegados a la ética de la responsabilidad y de la convicción, sin duda alguna, estará haciendo un gran servicio a los oaxaqueños.

Si no hay cambio del estamento gubernamental se estará condenado a soportar a un régimen corrupto e ineficaz, que tarde que temprano estallará en crisis de graves consecuencias. Le pasó a Francisco I Madero, le pasó a Gabino Cué, le puede pasar al próximo gobernador.

Un segundo factor que mina nuestra vía electoral para acceder a los cargos públicos, es la negación de adecuar las reglas electorales y de sus procesos a la realidad oaxaqueña. Estas reglas están de espaldas a esta realidad.

Para ilustrar nuestra tesis bastarán los siguientes ejemplos. Si nuestra Constitución Política Nacional determina que “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” y que estos son: “Un conjunto de individuos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan  sus propias instituciones sociales, económicas y culturales, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres”(CPEUM  2011,Art. 2; C169 OIT, Art. 1b).

Si los elementos de la identidad del pueblo indígena, de acuerdo a las leyes, son: la autoadscripción, la cosmovisión, la estructura de organización del sistema social y político, el territorio y los recursos naturales, la cultura y la lengua.

Y que sus derechos fundamentales son: Derecho al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena; derecho a la identidad indígena; derecho a la libre determinación y autonomía; derecho a la representación en las instituciones del Estado; derecho a aplicar sus sistemas normativos; derecho a la preservación de su identidad cultural; derecho al territorio; derecho de consulta y participación; derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; derecho al desarrollo; derecho a recibir servicios dignos de salud y educación.

Si el estamento gobernante le trata de escamotear a las comunidades y pueblos estos derechos y a negarles, incluso combatir y degradar a su identidad como pueblos diferenciados, entonces, “tenemos a las mulas detrás de la carreta”, valga esta expresión coloquial para expresar esta idea.

Si no existe correspondencia entre el régimen político y la población mayoritariamente indígena (más de tres cuartos de la población), que se vive en constante choque entre ambas instancias, que los derechos que le son inherentes se les niega la armonización, que esta mayoría indígena son considerados ciudadanos de segunda, que su trato  por el estamento gobernante es de dominación y conmiseración, poco se puede esperar para la superación del estado de miseria en que vivimos los indígenas.

Un régimen electoral que niega la representación de los pueblos y comunidades indígenas en el Congreso, un Poder Judicial que está contracorriente del sentido de justicia indígena; un Poder Ejecutivo que le niega a los municipios indígenas la capacidad de resolver sus problemas y por el contrario los trata como menores de edad, de esto, poco se puede esperar.

Si acordamos que en el horizonte no se vislumbran algunos indicios que den cuenta del inicio del fin del capitalismo, debemos de centrarnos en encontrar un bien vivir y de aminorar los costos sociales de esta forma de acumulación del capital,  por ello, al individualismo le debemos proponer la comunidad;  a la competencia, la reciprocidad; a la tasa de ganancia, la complementariedad y solidaridad.

Estamos de acuerdo con Boaventura de Sousa, quien sostiene que: “La redistribución de la riqueza nacional no produce legitimidad si no se acompaña de redistribución de la riqueza plurinacional (autonomía, autogobierno, reconocimiento de la diferencia, interculturalidad”( Sousa Santos, Boaventura de. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una Epistemología del Sur. Edit. Universidad de los Andes. México, 2010, p. 30).

Un régimen político y un proceso electoral superpuestos,  y de la existencia de órganos de gobierno contrarios de una realidad institucional, no puede originar más que impotencia, corrupción, subdesarrollo, ineficacia de gobierno, crisis recurrente, hastío, terrible cotidianidad, inmovilidad, repetitividad, hábito y costumbre de mal gobierno.

Los discursos de los aspirantes a gobernar Oaxaca no se pueden quedar en los efectos de esta realidad, será necesario que se propongan a lograr la congruencia entre realidad y régimen político. Apliquen una simple regla de la buena política: la regla de la proporcionalidad. Somos más indígenas y merecemos por ese simple hecho, tener mano para formular un mejor mañana para todos los oaxaqueños.

Podrán celebrarse más elecciones, hasta mejores, pero mientras siga subsistiendo esta realidad que se quiere enmascarar, no podremos salir del subdesarrollo.

Además de lo anterior, se ha hecho lo posible por destruir, desbarrancar y torcer nuestros procesos electorales mediante la inyección excesiva de recursos públicos, de recursos privados de dudosa procedencia, de la integración poco coherente de las autoridades electorales, de la actuación parcial, opaca, ilegal y poco eficaz de las mismas. De la pérdida de la autonomía de estas autoridades y de su sumisión a los intereses de partidos y consejeros de la autoridad electoral nacional, es decir, el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, de la incisiva motivación de las fracciones legislativas del Congreso oaxaqueño de elaborar leyes a modo de sus intereses o de intereses que no responden a las necesidades de los ciudadanos oaxaqueños.

Un nuevo factor determina el proceso electoral oaxaqueño: la existencia del gobierno federal a cargo del Partido Revolucionario Institucional, que para los efectos de la determinación del candidato de este partido, la voz presidencial tiene mano. La existencia también de las candidaturas sin partido, que abren el abanico de las posibilidades de ciudadanos que no son de la simpatía de los hombres de decisión.

Estos dos hechos determinan las posibilidades de personajes cercanos al Presidente de la República y de personajes con respaldo de los ciudadanos o de grupos, como el caso de los empresarios oaxaqueños que impulsan a uno de los suyos en la figura del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani o de los señores Alejandro Murat, Eviel Pérez Magaña, Samuel Gurrión, Benjamín Robles Montoya, que tienen respaldos populares construidos con el tiempo. Los demás estarán atentos ante las contingencias de la política.