Oaxaca necesita que trabajemos por ella juntos, no más maniobras políticas: Adolfo Toledo

Oaxaca, Oax. 19 de octubre de 2009 (Quadratín).- El pasado 14 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió responsabilizar al gobernador Ulises Ruiz Ortiz por las violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007.
Para mal de la justicia, de las instituciones y del desarrollo democrático del país, ésta resolución tiende más a politizar la justicia, que a deslindar responsabilidades y establecer con exactitud e imparcialidad las consecuencias derivadas de un capítulo tan complejo y prolongado.
Son varias las razones que me llevan a formular éstas afirmaciones: la primera de ellas, tiene que ver directamente con la falta de un criterio uniforme a través del cual, la Corte pudiese desarrollar no sólo una investigación sistemática de hechos, sino también una valoración global de las responsabilidades que pudiesen resultar. Lamentablemente, el conflicto magisterial de Oaxaca fue un hecho extraordinario en el que se combinaron diversas circunstancias, actores, intereses y voluntades para dar como resultado un cúmulo de episodios, en los que los realmente perjudicados fueron los ciudadanos.
En virtud de ello, es insuficiente, limitativo y hasta sospechoso que la Suprema Corte decidiera ponderar de modo distinto la actuación de los tres órdenes de gobierno, y de todos los participantes en el conflicto, y decidiera sólo hacer recaer señalamientos sobre uno de ellos.
La segunda se deriva de la dispar valoración de las circunstancias en las que se desenvolvió la crisis magisterial. Resulta simplemente inadmisible que la Corte cuestione duramente al Gobierno de Oaxaca por no cumplir a cabalidad con los deberes de brindar seguridad pública, procuración de justicia y las distintas libertades que se vieron violadas, pero que en todo esto no tome en cuenta las razones subjetivas que llevaron a la autoridad estatal a ponderar las prioridades que ameritaba el conflicto respecto a la actuación de sus cuerpos de seguridad, ante el desinterés y las nulas demostraciones de voluntad del gobierno federal para intervenir en el restablecimiento de todos esos derechos y libertades. En razón de ello, éstos señalamientos no hacen más que demostrar la falta de sensibilidad de los señores Ministros, para comprender que durante la crisis magisterial la prioridad era la de actuar con mesura y evitar al máximo posible la reproducción de los enfrentamientos.
El conflicto de Oaxaca no fue consecuencia de un hecho aislado, ni de una sola decisión de gobierno, ni mucho menos de un solo objetivo o agravio planteado o resentido por el Sindicato magisterial y las demás organizaciones inconformes que luego integraron la APPO. Éste conflicto se originó a la vista de todos. Y desde el primer momento, el gobierno de Ulises Ruiz hizo del conocimiento a diversas instancias del gobierno federal, de los riesgos que implicaba el abandono de ésta situación. Nada efectivo se hizo desde el gobierno de la República de mayo a octubre de 2006 para evitar este conflicto. Y, en esa lógica, queda claro que una actuación más interesada habría evitado muchos de los episodios de radicalismo, violencia y sinrazón que se vivieron en aquellos momentos.
Digámoslo sin ambages: si al Gobierno de Oaxaca se le acusa de ser omiso, ¿por qué la Corte no le reprochó al gobierno federal el haber ocupado un sitio meramente decorativo durante las prolongadas jornadas de negociación, en las que la construcción de acuerdos era un proceso lento y paulatino? ¿Por qué si la Corte tasó de un modo tan determinante la actuación del Gobernador de Oaxaca, no hizo lo mismo con quien entonces fungía como Presidente de la República?
No debemos olvidar que nuestra forma de gobierno descansa en un sistema federal. Si de verdad somos parte de ella, y no sólo lo aparentamos, entonces necesariamente tendríamos que preguntarnos por qué si a Oaxaca se le ha abandonado históricamente en casi todos los rubros del desarrollo, durante la crisis magisterial también se le dejó a su suerte en las tareas de concertación política, de construcción de acuerdos y de manutención del orden público.
De vivir en un verdadero esquema federal, esto no habría ocurrido. Eso mismo podríamos asegurar, si el gobierno de la República en México fuera más federal, y por tanto más equitativo y menos central. Pero, como esto no es así, ¿entonces debe quedar en la impunidad tanto el olvido histórico, como esta desatención reiterada hacia Oaxaca?
En todo caso, ésta investigación de la Corte debió ser la ocasión perfecta para la determinación puntual y sistemática de lo que ocurrió hace tres años en Oaxaca. Lamentablemente, parece que todo está terminando en un burdo juego de espejos, amagues e intentos de negociación, a través del cual se estarían buscando objetivos distintos al del esclarecimiento puntual de esos hechos.
Oaxaca no merece, ni ahora ni nunca más, que la paz, la estabilidad y el desarrollo se transijan y determinen en una mesa de negociación. Para nadie que ama de verdad a su tierra, debe ser esta la ocasión para tratar de insistir en esos intentos que tanto daño le han hecho a la entidad. Para bien de los oaxaqueños, aquí se tiene un gobierno eficaz que, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, trabaja y se legitima día a día con sus acciones de gobierno. Oaxaca necesita que trabajemos por ella juntos, no más enconos ni maniobras de burdas finalidades políticas.