Ocho prioridades en el Congreso

MÉXICO, DF, 16 de febrero de 2015.- En su último Periodo Ordinario de Sesiones, la 62 Legislatura tiene ante sí una agenda de pendientes de cuya consecución y calidad del producto final depende, en gran medida, el éxito de las reformas estructurales.

El trabajo que hagan los legisladores federales, con plazo perentorio en el mes de abril, será decisorio para que en los próximos años podamos esperar un crecimiento económico más sólido, lograr mejores resultados contra la delincuencia y la inseguridad, así como entrar de lleno a una lucha en serio y a fondo contra la corrupción y la impunidad, la reforma que confirmará la voluntad de renovación en México.

En la perspectiva del sector empresarial, hay 8 pendientes, que merecen especial atención, y el compromiso de sacarlos adelante en tiempo y forma, un catálogo legislativo de prioridades impostergables para el sector privado y la sociedad.

Primero, el sistema nacional anticorrupción, incluyendo las reformas que se necesitan en temas como conflicto de interés y eliminación de todos los fueros anacrónicos que subsisten a favor de la impunidad.

Hay que responder al clamor social: pasar de los escándalos recurrentes y sin consecuencias, a un cambio sistémico, para que haya sanciones efectivas, con una estructura integral para prevenir y tapar los resquicios que facilitan la reproducción de este fenómeno, que socava el erario y la imagen del país. Dar este paso es clave para restablecer la legitimidad en las relaciones Estado-sociedad.

Se necesita que la Constitución haga explícita la arquitectura y misión del sistema y de sus cuatro ejes, contemplando el alcance a todos los niveles y poderes de gobierno:

La Secretaría de la Función Pública, como mecanismo de control y disciplina interno; la Auditoría Superior de la Federación, con capacidad de realizar auditorías en todo momento y de encaminarlas, en su caso, para que haya castigo; una Fiscalía Anticorrupción con autonomía plena de gestión para actuar ante los actos tipificados como delitos; y un Tribunal anticorrupción, órgano autónomo para sancionar desde el plano administrativo, que realizaría inteligencia institucional e investigación de oficio en los tres niveles de gobierno.

Segundo, el paquete de seguridad y justicia pendiente, con asuntos capitales como la propuesta de crear mandos o cuerpos policiacos unificados estatales que ayuden a revertir la debilidad de los municipios frente al crimen organizado.

Asimismo, está la revisión de responsabilidades y facultades de niveles de gobierno, como lo ha propuesto el Presidente de la República, con el objetivo de que queden bien claras las competencias en la materia, y se evite la descoordinación y los pretextos que suelen usarse para la inacción y la negligencia, especialmente a nivel local.

Igualmente, urge dotar a las Fuerzas Armadas Mexicanas de un marco jurídico que dé certeza y salvaguarde adecuadamente sus actividades y responsabilidades en materia de seguridad nacional y de seguridad pública. No podemos dejar en la indefensión jurídica al bastión más confiable y eficiente del Estado mexicano, que hoy está cumpliendo patrióticamente con funciones que deberían realizar las policías, asumiendo todos los grandes riesgos.

Un tercer pendiente, de la mayor relevancia, es la Ley secundaria sobre transparencia y protección de datos: El marco jurídico del IFAI, que ya debería estar aprobado, según el plazo constitucional establecido por los propios legisladores.

En este caso, queremos hacer eco de las observaciones y preocupaciones manifestadas por especialistas y organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que no queden disposiciones o lagunas de talante regresivo, que abran espacios para la discrecionalidad en materia del derecho a la información.

Por ejemplo, sería inaceptable eliminar la obligación de que dependencias documenten actos que deriven de sus facultades o competencias, o bien las excepciones no justificadas en la responsabilidad de fundar y motivar la clasificación de información.

La transparencia es una pieza indispensable de la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción. No podemos permitirnos retroceder en este asunto, en el que tanto se ha avanzado.

Otra prioridad, sin duda, radica en los ajustes que pueden y deben hacerse en materia fiscal. Es claro que el marco tributario vigente no está contribuyendo a fomentar un mayor crecimiento económico en el contexto actual.

Se requiere pensar en una reforma hacendaria más profunda, que podrá realizarse más adelante. Sin embargo, por lo pronto pueden hacerse modificaciones e implementarse medidas de coyuntura que, sin perjuicio para las finanzas públicas y sobre todo para la estabilidad macroeconómica, ayuden a ampliar la capacidad de ahorro, inversión y consumo de personas y empresas, que no se ha recuperado lo suficiente.

Es importante actuar oportunamente, con una estrategia contracíclica para asegurarnos de que no se recrudezca la cuesta de enero y que el mercado interno pueda repuntar con mayor consistencia. El papel de los legisladores es clave en este reto.

El CCE está promoviendo, en específico, acciones como instrumentos temporales para estimular la inversión, a través de la deducción inmediata de las mismas o diferimientos para empresas que reinviertan utilidades; incentivos para la repatriación de capitales; fortalecer el empleo formal extendiendo beneficios de programas como el de maquiladoras; esquemas de deducciones y de subrogación de servicios con reversión de cuotas; modificaciones en ISR corporativo, que es mucho más alto que el promedio en la OCDE. Asimismo, posibles rebajas en tasas de retención y ampliaciones en topes a deducciones personales.

Junto con estas medidas, estamos planteando a las autoridades hacendarias y a los legisladores alternativas de ahorros, eficiencias y recursos para asegurar el cumplimiento de los compromisos presupuestales fundamentales, al mismo tiempo que se estimula un mayor dinamismo económico.

Asimismo, las otras cuatro prioridades de esta agenda legislativa, pueden ayudar a avanzar en esta dirección: Por una parte están la desvinculación de los salarios mínimos como unidad de cuenta, que camina bien, pero que necesita aún de precisiones, al igual que la Ley de Obras Públicas, que será un importante respaldo para la inversión pública y privada en infraestructura.

Por otro lado, la Ley General de aguas y otras legislaciones ambientales, de mucha relevancia para dar mayor certidumbre a la actividad económica, en equilibrio con el cuidado del medio ambiente, y la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con la propuesta de creación de un nuevo capítulo denominado Sociedades Anónimas Simplificadas.

Con esta reforma al régimen de sociedad, nos pondremos a la altura de los estándares internacionales recomendados por la OCDE, en materia de Gobierno Corporativo, y nos meteremos de lleno a estandarizar conceptos a fin de facilitar el acceso a la inversión extranjera y las relaciones comerciales con empresas en diferentes países, lo que contribuye a elevar la competitividad. Se hará una adecuada distinción entre la mediana y gran empresa, de la micro, pequeña y del negocio unipersonal, simplificando y facilitando las cosas para todas las partes.

Nuestros diputados y senadores tienen una oportunidad irrepetible: cerrar su ciclo, como la Legislatura de mayor empuje reformador de la historia reciente en México; al mismo tiempo, afrontar la obligación de entregar las soluciones que están en su campo de responsabilidad, para superar la compleja coyuntura que enfrenta el país en términos de confianza en el gran despegue que debe tener nuestra economía y las instituciones de la democracia y el Estado de derecho.