Oficina del alto comisionado de ONU imparte taller en Oaxaca

Oaxaca, Oax. 29 de mayo de 2013 (Quadratín).- Contar con una política institucional de derechos humanos en el Poder Judicial, permite llevar a cabo una práctica de orientación ciudadana que apoye el acceso a la justicia, atienda las quejas de los usuarios y vigile el respeto a las garantías fundamentales de las personas involucradas en algún proceso judicial.
Lo anterior se manifestó durante un taller sobre conceptos básicos del derecho internacional de las garantías individuales, que las especialistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Mila Paspalanova y María del Carmen Color Vargas, impartieron a personal del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado.
El fomento y vigilancia de las garantías fundamentales y de la accesibilidad de la población a la justicia, debe ser una función inseparable del Poder Judicial y constituye una exigencia de la sociedad, indicaron los asistentes a esta actividad que forma parte del proyecto para la elaboración de un Sistema de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo, en Oaxaca.
Ante magistrados, consejeros de la Judicatura y directores de área, las funcionarias de la ONU-DH precisaron que es fundamental que las garantías individuales sean reconocidas, respetadas y resguardadas por las instituciones estatales y federales, para salvaguardar la dignidad humana y los preceptos establecidos en la Constitución Mexicana y tratados internacionales.
La investigadora María del Carmen Color Vargas explicó que para medir el cumplimiento de estos indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo se basan en la Reforma DH (Derechos Humanos) que es una metodología especializada para la enseñanza de la reforma constitucional en esta materia que se ha aplicado en diferentes entidades del país.
Por su parte, la especialista Mila Paspalanova reconoció el interés y esfuerzo de Oaxaca para concretar la integración de indicadores que permitan evaluar la efectividad de las tareas del Poder Judicial en relación al respeto y garantía de los derechos humanos y conocer el perfil de los usuarios y facilidades que tienen para acceder a la justicia.