Olaf Iván Corro Labra / Consentimiento para la paz del pueblo triqui

Oaxaca, Oax. 23 de septiembre de 2010 (Quadratín).- En estos últimos días, sólo nos enteramos de más violencia, desapariciones, muertes y destrucción en la región Triqui, huelgas de hambre y plantones en la Secretaría de Gobernación y en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, recomendaciones de Organismos Internacionales que exigen la intervención gubernamental para parar la masacre, la convocatoria al diálogo de la Iglesia católica. En suma, muchas voces, muchas muertes y poca atención de fondo al conflicto.
En un estado abandonado, donde existe una zona con ausencia total del gobierno de Ulises Ruiz, en donde sólo la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública ingresan con comandos armados institucionales para levantar muertos y no para restablecer el orden, la paz y garantizar la vida de los habitantes. Notándose también en declaraciones a los medios de comunicación, señalando la ausencia de denuncias ante el Ministerio Público, haciendo responsables a líderes de las muertes y de nulos avances en las negociaciones entre los grupos, dejando en segundo plano el llamado al diálogo.
Todo lo anterior, nos lleva a pensar que el Estado es ineficiente, tiene miedo o es cómplice.
Es claro, sólo se advierte que no habrá investigaciones para el esclarecimiento de los homicidios; no habrá mesas de conciliación y diálogo porque no existe capacidad de convocatoria o forman parte del conflicto, y seguirán habiendo más muertes, porque el Estado con todas sus dependencias no ingresa a la zona de conflicto para pacificar o alentar el trabajo social que reactive a la población triqui, en una ruta de paz y progreso.
Por ello, la iniciativa de la Iglesia católica es loable pero insuficiente. La diferencia como instancia negociadora con el EZLN o el EPR, reside en que las pugnas de éstos es con el Estado Mexicano; existía una guerra de por medio y la desaparición de sus líderes en el 2006, es el reclamo fundamental.
Para el caso triqui, existen varios actores sociales, autónomos y gubernamentales del orden federal, estatal y del equipo de transición del gobernador electo, Gabino Cué, que se pueden sumar a la iniciativa mediadora y definir un modelo de intervención basado en las aspiraciones de paz y progreso, de manera conjunta con el pueblo triqui, sin exclusiones, más allá de sus organizaciones que los identifica, pero tomando en cuenta a los más de 32 mil triquis presentes en toda la República Mexicana.
Esto permitiría tener claro hacia donde conducir acciones de gobierno pertinentes y diferenciadas para la zona, con el reconocimiento y apoyo social, en función de las necesidades planteadas y el rumbo que deseen tomar para construir su comunidad con o sin autonomía y libre determinación e impulsar un desarrollo con identidad, en donde se respeten sus derechos colectivos.
Es reiterada la demanda de un diálogo intercultural y respetuoso entre el Estado mexicano, la sociedad nacional y el pueblo triqui, que se escuchen sus voces y se apoye su desarrollo, no encontrando en estas demandas señal alguna de escisión del Estado, sino el ejercicio de sus derechos como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, fortalezcamos el trabajo de mediación, pensando como lo hace el pueblo triqui. Logremos el consentimiento del pueblo para su progreso y paz y no pretendamos interpretar su sentir y su deseo de seguir viviendo en armonía con todo lo que le rodea, ni seguir los pasos de un gobierno estatal desintegrador y alentador de la violencia.

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