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Oaxaca, Oax. 18 de febrero de 2009 (Quadratín).- El presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO), Heriberto Antonio García, reconoció este miércoles que aún existen violaciones a derechos humanos, sin embargo resaltó la disposición de las instancias al recibir las recomendaciones emitidas durante su período.
Ante los representantes de los poderes Ejecutivo, Ulises Ruiz Ortiz; legislativo, Herminio Cuevas Chávez y Judicial, Héctor Anuar Mafud Mafud, el ombudsman oaxaqueño dijo que todas las 28 recomendaciones emitidas fueron aceptadas.
Explicó que una cantidad importante, 949 quejas, que constituyen el 47 por ciento de las recibidas, se atribuyen a las autoridades municipales, mismas que están relacionadas con discriminación, intolerancia religiosa, abuso de autoridad y violencia de género.
Heriberto Antonio consideró que esto resulta preocupante si tomamos en consideración que la autoridad municipal es, dentro de los tres niveles de gobierno, la más cercana al pueblo, la primera instancia a que un ciudadano ocurre en busca de justicia ante un problema.
Y estableció que cuando una autoridad municipal atenta contra los derechos humanos de quienes la eligieron, la gravedad de la falta se magnifica, pues es allí donde comienza a debilitarse la confianza en la autoridad y se cancela la posibilidad de justicia.
El ombudsman oaxaqueño también habló del Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria que se aplicó en 2008, con lo cual se revisó la situación de 21 centros penitenciarios en la entidad.
El resultado, dijo, fue plasmado en la recomendación general 1/2008 dirigida al secretario de seguridad pública, en la que se señalan las condiciones de vida de las y los internas.
Las deficiencias en el sistema penitenciario se tradujeron en 27 puntos recomendados. Algunos penales presentaron problemas de infraestructura; otros, la existencia de las llamadas mesas directivas de internos; algunos, insuficiencia de personal médico, de trabajo social, psicológico y cirminológico.
Además de carencias en los servicios de comedor y deficientes condiciones de espacios de visita conyugal y, en menos medida, algunos presentaron problemas de sobrepoblación.
El presidente de la CDDHO incluyó en su informe el caso de Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, indígenas triquis privadas de la vida; los actos discriminatorios en contra de Eufrosina Cruz Mendoza y el conflicto magisterial que afectó a un millón 300 mil estudiantes, mismos que dijo, fueron motivo de informes especiales.
También el caso de Emeterio Marino Cruz, lesionado en el operativo del 16 de julio de 2007.
También resaltó que la CDDHO en este período ha podido documentar que aún existen casos de tortura como forma de investigación de delitos a los que se refieren las recomendaciones 4, 11 y 16/2008.
Describió cada uno de los convenios firmados con miras al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos e hizo un reconocimiento al gobernador Ulises Ruiz por la donación de un predio que albergará al Instituto de Educación en Derechos Humanos y La casa del chapulín.
PRESENTA OMBUDSMAN TRES INICIATIVAS DE LEY
El presidente de la CDDHO entregó al presidente de la Gran Comisión, Herminio Cuevas Chávez, tres iniciativas de ley que buscan fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones.
La primera, dijo, se ajusta al documento internacional sobre los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, también conocidos como Principios de París, a fin de que la Legislatura cite a comparecer al servidor público estatal o municipal, que no acepte o no cumpla una recomendación, para que explique las razones por las que no aceptaron o incumplieron.
La segunda, explicó, obedece a la preocupación generalizada de defender la niñez oaxaqueña contra daños físicos y psicológicos irreversibles y permanentes, causados por el abuso sexual, que retoma la propuesta del médico Mario de Jesús Arias Cruz para solicitar la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual infantil.
Y la tercera, en materia de alimentos, que pretende que la solicitud de éstos se realice mediante un procedimiento sumarísimo, predominantemente oral y desprovisto de formalismos innecesarios.