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OAXACA, Oax. 12 de diciembre de 2014.-El diputado oaxaqueño Adolfo Toledo Infanzón solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO) evaluar el desempeño de los ministerios públicos, para que coadyuven en la impartición de justicia pronta y expedita.
Mediante un punto de acuerdo presentado en la sesión del Congreso, realizada este jueves, el legislador mencionó que dentro de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2013, realizada por el INEGI, Oaxaca se encuentra entre los primeros 10 estados más corruptos del país.
La mayor corrupción, expuso, se da entre los policías con un 89.7%, le siguen los ministerios públicos con el 78.4% y los gobiernos estatales, jueces y magistrados con el 65%.
Dijo que se espera que los ministerios públicos desempeñen radicalmente nuevas formas de trabajo, mediante la coordinación de una investigación ágil y simple, menos formal y más funcional, con base en la reforma constitucional en materia penal de 2008.
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política, recordó, el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal y de cara al nuevo sistema de justicia penal, se debe alinear con los principios de buena fe, probidad, honradez, objetividad y respeto a derechos humanos.
A un año de que venza el plazo para el funcionamiento pleno del sistema procesal penal acusatorio, existen indicios fundados de que el proceso en Oaxaca no ha realizado los cambios correspondientes desde la estructura.
Las quejas de la ciudadanía sobre el actuar del Misterio Público van cada vez más en aumento, dijo el legislador, donde la voz al unísono reclaman que son parciales, con vicios de corrupción e incompetentes.
Adolfo Toledo consideró que en el marco de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, los impartidores de justicia, se encuentran frente a un ordenamiento jurídico que tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.
Pero estos instrumentos, agregó, solo podrán ser efectivos en el momento que haya cambios desde raíz y que se lleve conforme a los plazos y tiempos establecidos por el ordenamiento constitucional.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dijo, tiene la obligación de garantizar que nuestro sistema de justicia penal, sea acorde a este nuevo paradigma en beneficio de las y los oaxaqueños.