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Oaxaca.Oax. 31 de julio de 2010 (Quadratín).- Al cumplirse dos meses de la retención de 35 personas en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), apercibió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que a la brevedad se ejecute acción penal en contra de los responsables.
A la vez que instó al Congreso del Estado inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra del Ayuntamiento de San Juan Mixtepec, por su participación en la privación ilegal de los agraviados originarios de Santo Domingo Yosoñana, Tlaxiaco.
El presidente de la Comisión, Heriberto Antonio García, informó que el presidente de la Gran Comisión, Herminio Cueva Chávez, recibió la solicitud en contra el munícipe Leonel Martínez Sánchez por los actos que contravienen el orden jurídico previsto en la Constitución federal y local.
El presidente municipal debió procurar que el problema tuviera una solución, incidiendo en las personas de su comunidad para hacerles ver que su conducta puede ser constitutiva del delito de secuestro, conforme al artículo 208 del Congreso Penal del Estado, subrayó.
Aseguró que el munícipe reiteradamente se ha negado a la petición de que los visitadores de este organismo platicaran con los retenidos y se certificara su estado de su salud.
Apuntó que entre los retenidos se encuentran algunos estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), quienes vieron afectado su derecho a la educación y, aun cuando la dirección mostró su disposición al principio, perdieron el ciclo escolar.
El expediente CDDH/ RM/ 92/ 12 establece que la Secretaria General en diversas ocasiones ha platicado con habitantes de Mixtepec como de Buena Vista, Santo Domingo Yosoñama, sin embargo, no se han logrado acuerdos debido a las condiciones de los primeros.
Para liberar a los retenidos, la autoridad demanda el respeto a la sentencia de Tribunal Agrario, reconstrucción de mojoneras, pagar daños, bachear caminos.
La PGJE informó que con motivo de la privación ilegal de la libertad de 39 personas de Yosoñama, el fiscal de Tlaxiaco inició el legajo de investigación 34 (TX) 2010.