Pide Cué peritaje de ley educativa

OAXACA, Oax. 28 de septiembre de 2014.-  El Gobierno de Oaxaca pidió a la Suprema Corte de Justicia autorizar peritajes para determinar si la Reforma Educativa es «apropiada» para aplicarse a los indígenas que habitan en dicha entidad.

De acuerdo con una nota publicada en Reforma, el Consejero Jurídico del Gobernador Gabino Cué, Víctor Alejo Torres, planteó una «prueba pericial colegiada sobre educación bilingüe intercultural en sus propias lenguas indígenas nacionales y sus diversas variantes».

Según el Gobierno estatal, el plazo de seis meses que se fijó en la Ley General del Servicio Profesional Docente para reformar las leyes educativas estatales -que venció en marzo pasado- fue insuficiente para hacer una consulta «previa, libre e informada» a los pueblos indígenas.

Por tanto, Alejo pidió a la Corte que se aclare si la reforma respetó principios en materia autodeterminación de los pueblos indígenas del artículo segundo constitucional, así como de tratados internacionales que protegen a las etnias y les otorgan derecho de consulta previa en ciertos temas.

Además solicitó peritajes que determinen cuántas lenguas indígenas se hablan en Oaxaca, en cuántas comunidades, cuántos habitantes las hablan y cuántos de estos son estudiantes.

Otra petición: una encuesta en la que se pregunte por lo menos a un habitante y un estudiante que hablan cada una de dichas lenguas, si el Constituyente o el Congreso de la Unión les consultaron su opinión antes de reformar en 2013 la Carga Magna y de emitir las leyes secundarias respectivas.

Todo anterior, como parte del trámite de la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo federal contra los Poderes de Oaxaca por la omisión de esta entidad al no emitir legislación en la que se ajuste a la Reforma Educativa nacional.

El pasado 8 de septiembre, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, instructor de la controversia, rechazó admitir las pruebas solicitadas, por considerar que no ayudan a resolver el tema en litigio.

«Las preguntas que se proponen para el desahogo de las pruebas en parte pretenden realizar la propia encuesta o consulta tendente a evidenciar si se justifican o no las reformas constitucionales y legales en materia educativa, lo que es ajeno a la litis de este asunto, que versa exclusivamente sobre la validez o invalidez de la omisión legislativa impugnada», indicó.