
Gobiernos de México y Oaxaca atienden a víctimas y deudos de volcadura
MÉXICO, DF. 29 de julio de 2014 (Quadratín).- México necesita una política de drogas integral, cuyo principal enfoque no sea la criminalización y la discriminación, sino la prevención y el tratamiento de quienes padecen una adicción.
“Nueva Alianza se pronuncia por una redefinición de los enfoques y modelos internacionales actuales en el combate al narcotráfico. Estamos a favor de la despenalización y legalización paulatina de algunas drogas, y de una política integral nacional de prevención con enfoque social y de salud pública”, expresó Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza, al participar en el “Foro internacional de política de drogas” organizado por la 62 legislatura de la Cámara de Diputados.
El dirigente aliancista manifestó que se precisan enfoques y mecanismos sociales y legales que se enfoquen de manera inteligente a la solución de un problema en torno al cual se han generado percepciones que no siempre atienden a la realidad de la situación, como por ejemplo que quienes consumen estupefacientes son por necesidad delincuentes, que despenalizar las drogas es abandonar la discusión de un tema que nos involucra a todos, que legalizar su uso aumentará el consumo de las mismas o que la pobreza y desigualdad son dos factores que propician la drogadicción.
Por ello, destacó que “es impostergable revisar los marcos legales y considerar la despenalización del uso de algunas drogas, como un camino viable para reducir las ganancias del narcotráfico y mermar el poder del crimen organizado. Esto disminuiría la rentabilidad del mercado ilícito, reduciría el grado de interés, competencia y ganancias; minimizaría la capacidad de las organizaciones o carteles del narcotráfico para corromper a las autoridades y restringiría su capacidad para adquirir equipo y armamento”.
Respecto a la postura del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, quien en la conferencia inaugural del foro planteó tratar la problemática de las adicciones como un tema de salud, reducir la demanda de drogas con iniciativas educativas y regular el cannabis en lugar de criminalizarlo, Castro Obregón reconoció que la drogadicción es un problema social y de salud pública al que debe dársele prioridad junto con el alcoholismo y tabaquismo. “Por ello es urgente despenalizar selectivamente la producción, comercialización y consumo de drogas, así como anteponer la prevención –con enfoque social- desde el ámbito educativo y deportivo”, dijo.
El presidente de Nueva Alianza urgió al Estado mexicano a asumir, “de forma clara y directa”, y de la mano de los gobiernos de Colombia y de países centroamericanos, el liderazgo en la región para iniciar un diálogo y debate sobre la regulación de drogas como la marihuana, para así forzar a otros países, entre ellos Estados Unidos, para que asuman una posición objetiva y corresponsable en el tema y con ello reconocer que muchas políticas que se han implementado en Latinoamérica han multiplicado la violencia sin reducir el incremento de las adicciones.
Luis Castro enumeró algunas de las propuestas realizadas por Nueva Alianza en el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos locales, entre las que se encuentran:
Impulsar la revisión de la estrategia prohibicionista de las drogas.
Promover la participación social en la recuperación del tejido social.
Llevar a cabo acciones cívicas y sociales que comprometan a la sociedad en la prevención del consumo de las drogas.
Instrumentar una política de seguridad social con pleno respeto a los derechos humanos y garantías individuales.
Sopesar los límites de posesión de la marihuana y ponderarlos con las cantidades mínimas establecidas para el consumo.
Analizar y estudiar los “candados” que deben prevalecer en la ley para evitar que quienes hoy controlan el negocio ilegal de la marihuana pasen de ser narcotraficantes a empresarios”.
Castro Obregón insistió en la necesidad de integrar las acciones contra las drogas en un marco jurídico más amplio; lograr una política integral de atención a las adicciones y no únicamente de sus consecuencias; apostar a la prevención pero desde un enfoque más extenso; apoyar medidas que limiten el acceso y uso a las drogas en la infancia y adolescencia; establecer sinergias con otras dependencias y que México dé prioridad a la protección y atención de la salud y no a la criminalización y prohibición de sustancias ilegales.