Pide asociación civil juicio político para Ulises Ruiz

Oaxaca, Oax. 29 de noviembre de 2010 (Quadratìn).- Jesús Alfredo López García, presidente de la asociación civil “Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos”, presentó una denuncia para solicitar juicio político en el Congreso del Estado contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por violaciones a las garantías constitucionales.
El asesor jurídico informó que la querella fue interpuesta porque el mandatario saliente incurre en responsabilidad por los más de 25 asesinatos, además de la privación ilegal de la libertad de más de 400 personas, tortura y desaparición forzada en los diferentes escenarios de detenciones arbitrarias, efectuadas por la entonces Policía Federal Preventiva y corporaciones policíacas estatales del 2006 a la fecha.
El también activista explicó que estos sucesos están documentados por organismos civiles de derechos humanos y sobre todo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde Ruiz Ortiz resulta responsable de violaciones a derechos humanos.
Precisó que en la denuncia acusa al Mandatario estatal de violación grave a las garantías constitucionales, a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y por prácticas de lesa humanidad.
Explicó que presentó la denuncia de juicio político por tener interés jurídico en el procedimiento por haber sido víctima de violaciones a sus derechos humanos por la detención ilegal y tortura sufrida el 16 de julio del 2007, en inmediaciones del Cerro del Fortín, durante la Guelaguetza Magisterial y Popular.
López García dijo que la demanda fue admitida el martes pasado en la Oficialía Mayor y un día después fue llamado a ratificar su escrito conforme a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, y del Código de Procedimientos Penales del Estado.
El presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos, fue golpeado, detenido y agredido por la policía local el 16 de julio del 2007, cuando realizaba su labor de defensor de derechos humanos, como miembro del Comité de Liberación “25 de Noviembre”, creado por el pintor Francisco Toledo.
Fue por estos hechos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó medidas cautelares a favor, desde el 26 de julio de ese año.