Piden revocar mandato a regidor de Pochutla

Oaxaca, Oax. 6 de febrero de 2009 (Quadratín).- El regidor de Hacienda de San Pedro Pochutla, Rogerio Antonio Ramírez Buy, podría ser revocado de su cargo si prospera una solicitud interpuesta en su contra ante el Congreso del Estado por ser presunto autor del delito culposo de lesiones con la agravante de responsabilidad médica.
Según el expediente 183/2008, el agravio fue cometido contra Blanca Estela Alberto López el año pasado.
La petición está fundada a partir de que el Juzgado mixto de primera instancia de San Pedro Pochutla dictó el pasado cuatro de enero auto de formal prisión en contra de este concejal, quien se desempeña como galeno en su clínica particular Servicios Médicos Pochutla.
Según el documento recibido el pasado martes 3 de febrero en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado, al quedar sujeto a un proceso penal Ramírez Buy se ubica en la causal prevista por el artículo 89, fracción II de la Ley Municipal del estado de Oaxaca, el cual se refiere a la suspensión provisional del mandato de uno o varios de los miembros de un ayuntamiento.
Los promotores de esta petición son, además de Alberto López, María Perla Alberto Ziga y Jorge Alberto Ziga, tía y padre, respectivamente de esta joven de 18 años de edad que en junio de 2008 fue sometida a una cesárea por el ahora inculpado en su sanatorio privado, localizado en el centro de Pochutla.
De acuerdo con la denuncia de la agraviada, como consecuencia de la intervención quirúrgica practicada por Ramírez Buy actualmente ella presenta síntomas “devastadores en su estado de salud física y emocional”, además de otras secuelas dado que su organismo no puede retener los nutrientes por carecer de casi todo su intestino delgado.
Y es que el 18 de junio del año pasado, apenas 8 días después de una operación por cesárea, la paciente tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital General Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca debido a que varios de sus órganos internos estaban “necrosados”.
Según esta versión, antes de efectuarse ese traslado, el propio Ramírez Buy fue quien notificó a los familiares de Alberto López que el estado de la paciente “era crítico” y si ellos aceptaban la podían llevar a la ciudad de Oaxaca pero con “el pleno conocimiento de que podía fallecer durante su traslado”.
Horas después de ingresar a ese nosocomio y de ser operada nuevamente, Blanca Estela Alberto López fue informada que por “la gravedad de la infección le habían quitado aproximadamente cinco metros de intestino y que sólo tenía un metro con diez centímetros”, pero por el estado grave también le extirparon la matriz y “que era realmente un milagro” que estuviera aun con vida.
Una copia del documento señala que los hechos constan en la averiguación previa número 54(VG)2008 integrada ante el agente del Ministerio Público de la mesa seis de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica adscrita a la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Los solicitantes basan su exigencia en “las pruebas testimoniales de cargo de testigos que les constan fehacientemente los hechos”, así como en el expediente médico del Hospital General Aurelio Valdivieso y de los dictámenes de alta del médico Ramírez Buy, del médico perito dependiente de la PGJE y de la resolución 09/2008 emitida por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, entre otros.
Para los quejosos es determinante el dictamen del médico legista y forense del instituto MCL, quien respondió un cuestionario requerido por el agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa.
Esta conclusión médica señala que por ser Ramírez Buy un médico general sin la especialidad en Ginecobstetricia y/o Cirugía General la intervención quirúrgica que efectuó “no fue la adecuada”.
El dictamen establece también que “una vez operada de cesárea la paciente no fue valorada en forma adecuada ni le brindó los cuidados necesarios en la evolución inmediata de la etapa de puerperio quirúrgico, ni durante los días posteriores hasta la fecha en que fue dada de alta ya con complicaciones de infección puerporial”.
El estudio asienta, además, “que al perderse en un 80 por ciento de su totalidad el intestino su función no es inutilizada, sino que se ve alterada en un 80-90 por ciento de su función normal, en forma parcial y permanente”
Los asesores jurídicos de los quejosos argumentan en su petición que el Juzgado Mixto de primera instancia de San Pedro Pochutla cometió una irregularidad al considerar que el hecho imputado a Ramírez Buy “no está considerado como delito grave”.
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales en el estado de Oaxaca y los preceptos aplicables que fueron sustento para dictar la orden de aprehensión en contra del regidor de Hacienda sí están considerados como graves”, sostienen en el documento.