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MÉXICO, DF. 14 de enero de 2014 (Quadratín).-Las organizaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a través de su Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, informaron este martes su Balance 2013 en torno a la garantía de los derechos de la infancia.
Destacaron algunos avances importantes durante el primer año de administración del Presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, también apuntaron pendientes importantes para lograr que los derechos de casi 40 millones de niñas y niños sean respetados en el marco de los cuatro principios de la Convención sobre los Derechos del Niño: no discriminación, participación, supervivencia y desarrollo e interés superior del niño.
De acuerdo con un comunicado de prensa, coincidieron en la necesidad de contar con un espacio formal de diálogo que permita a las y los integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) llevar sus propuestas al Ejecutivo a fin de que puedan ser tomadas en cuenta para avanzar hacia la construcción de un Sistema que garantice los derechos de niñas y niños.
Señalaron que de acuerdo con los últimos datos dados a conocer en 2012 la tasa de mortalidad por homicidios en la población de 0 a 17 años fue de cuatro muertes por cada cien mil habitantes, la más alta en los últimos 10 años.
En el segmento de 15 a 17 años, la tasa de mortalidad por homicidios en 2012 fue de 16.3 por cada 100 mil (en 2011 fue de 15.8).
Resulta preocupante el aumento en el total de muertes por arma de fuego de personas menores de 18 años: de 853 en el año 2011 a 946 en 2012.
En 2011 el número de homicidios por arma de fuego representaba el 55 por ciento de los homicidios totales en la población de 0 a 17 años, para 2012 el porcentaje se incrementó al 58 por ciento. Esto significa que en 2012, siete de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años que murieron por homicidio fueron asesinados con un arma de fuego.
Las formas de violencia contra niñas y niños se incrementaron y diversificaron, entre ellas el maltrato infantil y la violencia generada por el crimen organizado en el país.
La “narcoexplotación” de niñas, niños y adolescentes continúa siendo una constante, sin que se hayan tomado medidas claras al respecto por parte del Gobierno Federal.
Siguen ausentes políticas de prevención frente a la violencia ello pese a que la Redim ha exhortado al Estado mexicano en múltiples ocasiones a realizar un Diagnóstico de la violencia contra niñas y niños, así como la creación de un Programa Nacional contra la Violencia, sin que este llamado haya tenido respuesta hasta la fecha.
Contrario a la creación de políticas públicas que den respuesta y prevengan este problema, sigue la militarización en el país como una estrategia contra la inseguridad, dando poco o nulo espacio de debate con las autoridades.
En este sentido, resaltaron su preocupación por la persecución a defensoras y defensores de Derechos Humanos.
El dominio territorial de grupos los criminales en diversas regiones del país, la impunidad y la corrupción siguen siendo una constante. El crimen organizado transnacional ha incrementado el riesgo de niñas y niños a problemáticas tales como prostitución infantil, la trata de personas y la desaparición de niñas y adolescentes, y aunque el problema es grave no existen cifras oficiales a nivel nacional que permitan establecer medidas de prevención y atención.
La creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia así como la Ley General para la protección de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes no lograron concretarse en 2013. Si bien hay avances respecto a la propuesta de Ley, ésta aún no se ha definido.
Por otro lado, en 2013 se creó la Comisión Interinstitucional para la Erradicación de Trabajo Infantil así como una iniciativa para elevar la edad mínima de trabajo a los 15 años de edad, sin embargo ninguna de estas acciones se han traducido en políticas públicas. En este caso, Redim ha señalado el riesgo que se corre con estas acciones de criminalizar el trabajo infantil de no contemplarse en el marco de un Sistema Integral.
Otro elemento que se consideró negativo, fue que en ninguna de las reformas estructurales que fueron aprobadas (energética, hacendaria, etc.) se tomó en cuenta la opinión de niñas y niños; aun cuando en casos como la Reforma Educativa su participación era fundamental.
Las y los presentes, apuntaron como una de las fallas de la administración la falta de un diálogo formal con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en la perspectiva del diseño y operación de las políticas y el sistema de garantías que se requiere. Asimismo, puntualizaron la falta de apoyo para las OSC ya que algunas de ellas vieron agudizada su situación económica frente a la reducción de financiamiento público y de cooperación internacional.
Las y los integrantes de la Redim, valoraron como positivo el compromiso con la infancia de algunos legisladores y autoridades quienes ahora tienen una noción más clara de la necesidad de crear el Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
En el caso del Distrito Federal, saludaron el compromiso del gobierno local con la Publicación de la Ley de Primera Infancia del D.F., así como la adhesión de diversos municipios y estados a la iniciativa de Redim y UNICEF México 10 por la Infancia.
Señalaron que este año realizaran una visita a nuestro país algunos integrantes del Comité de los Derechos del Niño y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Antes de octubre de 2014 las organizaciones presentarán al Comité de los Derechos del Niño de la ONU un informe alternativo sobre la situación que guardan los derechos de la infancia. Se cumplen también 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que se plantean acciones conjuntas en el marco de la conmemoración.
Finalmente las organizaciones recordaron al Presidente Enrique Peña Nieto que continua pendiente su ratificación del compromiso con la iniciativa 10 por la Infancia, misma que firmó cuando era candidato a la presidencia.
De la misma manera, formalizaron la petición de reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, explicaron la necesidad de definir a un interlocutor con el Ejecutivo que pueda tomar en cuenta sus opiniones y experiencia, particularmente se refirieron al Secretario de Gobernación Osorio Chong dado su liderazgo político para iniciar el diálogo y llegar a acuerdos hacia el rediseño de políticas públicas así como la creación del Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales:
Demografía: uno de cada tres mexicanos es niña o niño; la población menor de 18 años en el país asciende a 39.2 millones de personas.
Los estados con mayor proporción de población de 0 a 17 años son Chiapas y Guerrero, donde cuatro de cada 10 habitantes son niñas, niños y adolescentes.
Salud: tres de cada 10 niñas, niños y adolescentes de México se encuentran sin derechohabiencia1; en Guerrero y Puebla la proporción aumenta a cinco de cada 101.
Para el 2011 en México el 5.4 por ciento de las adolescentes de 15 a 17 años fueron madres; en los estados de Chiapas y Chihuahua el porcentaje es cercano al ocho por ciento [3].
Nueve de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años que son madres no asisten a la escuela.
Ciudadanía: Del total de niñas y niños menores de un año nacidos en 2011, uno de cada cinco no fue registrado a tiempo.
Educación: tres de cada 10 adolescentes de 16 años de edad no han terminado sus estudios de secundaria.
Uno de cada tres adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela.
En México, de 10 niñas y niños que inician la primaria, ocho la terminan a tiempo para pasar a secundaria.
La tasa de deserción escolar en el nivel de secundaria fue de 5.5 por ciento para el ciclo 2011/2012; para el mismo ciclo, la tasa de deserción en la educación media superior fue del 15 por ciento.
Economía: uno de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, realizan alguna actividad económica (2011), en total esto equivale a más de tres millones.
Entre los adolescentes de 12 a 17 años que trabajan, cuatro de cada 10 lo hacen sin recibir remuneración económica por sus actividades en el mercado laboral.
Uno de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años que realizan alguna actividad económica, trabajan más de 48 horas a la semana.
Seguridad: La tasa de mortalidad por homicidios en la población de 0 a 17 años para 2012 fue de cuatro muertes por cada cien mil habitantes, y es la más alta en los últimos 10 años.
En el segmento de 15 a 17 años, la tasa de mortalidad por homicidios en 2012 fue de 16.3 por cada 100 mil, en 2011 fue de 15.8.
Los estados en los que se observan mayores tasad de mortalidad por homicidio en la población de 15 a 17 años son Guerrero (61.4), Chihuahua (55.7) y Nuevo León (46) (muertes por 100mil habitantes).
La tasa de mortalidad por homicidio en la población masculina de 15 a 17 aumentó pasó de 24.3 por 100 mil habitantes en 2011 a 26.5 en 2012, lo cual representa un incremento de 9.1 por ciento.
En el grupo de población femenina de 15 a 17 años, la tasa pasó de 4.1 en 2011 a 4.6 en 2012; este incremento fue de 12.2 por ciento.
Se ha presentado un aumento en el total de muertes de menores de 18 años que se clasifican como homicidios con arma de fuego, pasando de 853 en el año 2011 a 946 en 2012.
En 2011 el número de homicidios por arma de fuego representaba el 55 por ciento de los homicidios totales en la población de 0 a 17 años, para 2012 el porcentaje se incrementó al 58 por ciento.
Siete de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años que murieron por homicidio fueron asesinados con un arma de fuego (2012)