Ponencia de doctor Raúl Ávila en el foro de “Publicidad institucional, transparencia y equidad”

Ponencia del doctor Raúl Ávila Ortiz, Comisionado del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (IEAIP) en el foro de “Publicidad institucional, transparencia y equidad”
Oaxaca, Oax. 21 de septiembre de 2011 (Quadratín).- Bueno muchas gracias a Jenaro Villamil, a los colegas que compartimos la mesa, a todos ustedes por su presencia, a las 25 instituciones, organizaciones, empresas, organizaciones que han convocado, patrocinado este evento, lo cual revela claramente la nueva pluralidad oaxaqueña expresada en este espacio.
Oaxaca es uno de los Estados, hay que decirlo, hay varios que no lo han hecho, que se ha apegado a la Reforma Constitucional del 2007, del Artículo Sexto de la Constitución, de tal manera que cumplimos con los parámetros de esa legislación.
Entonces, en ese sentido hemos resuelto más de 300 asuntos en tres años, en el Instituto, a partir, o sobre la base de 7 mil preguntas que se han respondido obviamente en su gran mayoría. Estamos en la media nacional: 4.5% de esas preguntas y respuestas se convierten en Recursos de Revisión.
En el caso de la Coordinación de Comunicación Social hemos tenido cinco asuntos, descarto uno porque lo tuvimos que sobreseer por falta de un requisito, un abandono del solicitante-recurrente que no continuó el procedimiento, pero los otros cuatro son muy relevantes.
El primero en el año 2010, en que se solicitó información sobre “el gasto total ejercido por el gobierno del Estado de Oaxaca de los años 2004 a 2009 en Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, con el desglose del gasto por cada medio de comunicación a que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, la campaña y el mensaje difundido”, a esa solicitud, que por cierto provino de Artículo XIX, organización internacional con oficinas en México que ha hecho un papel muy importante en materia de Derecho a la Libertad de Expresión y aquí en Oaxaca también la hemos tenido con nosotros, a esta solicitud se le brindó una respuesta en una lista y cuando se presentó el Recurso de Revisión, se le ordenó a la Coordinación de Comunicación Social que la complementara porque el solicitante no estuvo de acuerdo con los términos de la respuesta y la Coordinación de Comunicación Social entregó una lista más detalla en que establece los montos por año: 24 millones y medio en el 2008; y 18 millones y medio –en números cerrados-, en el 2009. Ahora, se precisó en esa sentencia que, lo que ocurrió entre 2004 y 2009, es que hubo un cambio en la estructura orgánica de la Coordinación de Comunicación Social, si uno se toma el tiempo de revisar la evolución jurídica, administrativa, los decretos que se emitieron en esos años, se verá que la Coordinación de Comunicación Social dependía de la Secretaría Técnica del Gobierno, y que después, la Secretaría Técnica desapareció, y con ella se entregó a alguna dependencia los archivos correspondientes. Entonces, la Coordinación de Comunicación Social tiene naturalmente, lógica y jurídicamente las facturas de los años 2008, 2009 y 2010, pero las facturas de los años previos, no están en poder –jurídica y fácticamente- de la Coordinación de Comunicación Social.
Entonces se dejaron a salvo los Derechos del solicitante-recurrente para que acudiera a la instancia respectiva, a solicitar la información de los años previos.
Después tuvimos otro Recurso de Revisión en el que se citaba que el gobernador Gabino Cué declaró en una entrevista de radio, que en los dos últimos meses de la administración del Gobernador Ulises Ruiz –declaró en la radio-, se habían gastado 470 millones de pesos en publicidad. Ante esa expresión mediática, un solicitante de información le preguntó a la Coordinación de Comunicación Social, y en esta ocasión no dio respuesta, se sobrevino el Recurso de Revisión, y en él, el Instituto condenó a la Coordinación de Comunicación Social a que diera la información. Este Recurso de Revisión fue inmediatamente seguido por otro, en el que se solicitó prácticamente lo mismo.
Y en este subsecuente Recurso de Revisión, la Coordinación de Comunicación Social respondió que lo que tiene en sus archivos con las facturas correspondientes es que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2010 se ejercieron 532 millones 458 mil 522.67 pesos, esa respuesta, de acuerdo con el solicitante- recurrente no era suficiente, la quería completamente desglosada, e incluso con las facturas escaneadas y digitalizadas, y entonces en la sentencia, el Instituto estableció que debía entregarse la información primero en una versión pública, con una lista detallada de las asignaciones, y segundo, que por lo menos tendría que darse al recurrente, acceso a los archivos de la Coordinación de Comunicación Social para que pudieran ver directamente, en forma física, las facturas, y tercero, que si se tenían que escanear, se estableciera una agenda para efecto de que esto ocurriera en un plazo determinado y que si lógicamente se incurría en un costo, se le informara al solicitante-recurrente respecto del costo de recibir escaneado un volumen de documentos que es monstruoso, o sea, es por lo menos, muy grande.
El cuarto y último, se desprende de una solicitud de información donde se solicita la comprobación del pago de una inserción en la revista de circulación nacional A-Regional y la Coordinación de Comunicación Social dijo que no contaba con ningún antecedente y registro en sus archivos sobre una factura en este sentido. En este caso, como está el criterio establecido de que no basta de ninguna manera ni que el titular de la Unidad de Enlace ni que el titular del Área Administrativa correspondiente digan que no existe la información, sino que lo tiene que certificar el Comité de Información, y nosotros en el Instituto tenemos además, en ejecución de la sentencia, la facultad de verificar el archivo.
Entonces le advertimos que lo certificara, dado que de otra forma haríamos una visita al archivo. Y efectivamente, en ejecución de la sentencia, se certificó esta inexistencia.
Aquí quiero decir que con el actual gobierno del Estado, el IEAIP ha acreditado el apego a legalidad en el procedimiento de los Recursos de Revisión interpuestos por solicitantes de información inconformes con las respuestas que les dieron los Sujetos Obligados; hemos incluso establecido una mesa de trabajo y un puente de diálogo respetuoso, cuidando las autonomías correspondientes con el Poder Ejecutivo del Estado, o sea, con el actual gobierno de Gabino Cué, en el que hemos enriquecido el intercambio de puntos de vista, a través de la Contraloría, fundamentalmente, porque se ha cambiado su competencia a Contraloría y Transparencia Gubernamental y entonces estamos encontrando vías para poder prever y no solo remediar. Es decir, estamos tratando de establecer un nuevo marco de trabajo para que aquellas áreas especialmente opacas, oscuras, en que sabemos que hay servidores públicos que se resisten a abrir sus archivos y a transparentar sus acciones, podamos actuar de una manera más coordinada de tal suerte que podamos aumentar la eficacia de la Ley de Transparencia.