Postura e imposturas electorales

OAXACA, Oax. 1 de junio de 2015.-

1.- El Plan “B” del Consejo local del INE para enfrentar la eventualidad del largamente anunciado boicot electoral ya está aprobado y parcialmente ejecutado pero por razones de seguridad no se ha hecho público. Por lo tanto la toma y cierre de la oficina central y de los once consejos distritales a partir del primero de junio estaría afectando fundamentalmente el desarrollo de actividades administrativas pues todo lo relacionado con la entrega de las boletas y material electoral a los presidentes de los consejos distritales ya se llevó a cabo; la misma ruta se ha seguido con la reubicación de las casillas ubicadas en los centros educativos bajo control de la sección 22 del SNTE.

Es probable que también se cuenta ya con un plan alterno para que a más tardar el dos de junio, es decir, cinco días antes de la jornada electoral (artículo 269 de la LEGIPE), las boletas y el material electoral lleguen a manos de los presidentes de las mesas directivas de casilla.

2.- Los acuerdos de la sección 22 tomados en su asamblea estatal del miércoles 26 incluyen, además del cierre permanente de las oficinas distritales del INE, el bloqueo de gasolineras, toma de radiodifusoras comerciales, del aeropuerto y una serie de actividades que, con plena libertad, podrían “accionar” los 37 sectores magisteriales a partir del inicio del paro magisterial.

Este plan de desestabilización podría derivar en actos de provocación y violencia el mismo día de la jornada electoral toda vez que, aun en el supuesto de un arreglo que pudiera establecerse antes del 7 de junio entre la Secretaría de Gobernación, el gobierno del estado y la dirigencia magisterial, las corrientes sindicales mas radicales, en coordinación con las organizaciones sociales integrantes de la Asamblea Nacional Popular (FALP, FPR, etcétera) podrían movilizarse para hurtar boletas y material electoral, apoderarse de casillas y violentar el desarrollo de la jornada electoral.

3.- Dentro del plan de acción de la Asamblea Nacional Popular la prioridad para intentar impedir a toda costa la celebración de la jornada electoral se localiza en el estado de Guerrero. Y hacia este estado (y el DF) se estarían desplazando parte de los activistas del magisterio de la sección 22 del SNTE y organizaciones aliadas.

No obstante, Oaxaca es un estado en donde no se puede asegurar que el domingo 7 de junio el boicot solo se expresará en forma aislada pues todas las acciones de presión y protesta magisterial programadas a partir del primero de junio de facto estarán perturbando la paz social y, por supuesto, el ejercicio libre del voto, aun cuando fracase el boicot generalizado.

Así, el efecto final de estas movilizaciones será el de una mayor ausencia en las urnas de los electores volátiles e indecisos y por ende de un mayor abstencionismo que podría resultar de mayor beneficio para los candidatos que aseguren mas votos duros y en este escenario estaría en primer plano el PRI y luego el PRD.

3.- Confiados como estaban en los reportes optimistas de la Secretaría de Gobernación, hasta la tercera semana de mayo el Consejo General del INE no había incluido en su mapa de riesgo electoral a Oaxaca, como sí lo estaban otros estados como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. Sin embargo, y en sentido contrario a los escenarios de paz y tranquilidad que en todo momento ha dibujado el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Roberto Heycher, el lunes 25 de mayo el Secretario Ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo, hizo público el acuerdo ya tomado hace poco mas de dos semanas por los once consejos distritales de Oaxaca para reubicar el 60 por ciento de las casillas de la entidad y que corresponden a las que en cada proceso electoral se instalan en planteles escolares. Y luego, ayer, de plano ya se incluyó a nuestro estado como un foco rojo a nivel nacional ante el acuerdo de la Asamblea Estatal de la sección 22 del SNTE para impedir el desarrollo de la etapa final del proceso electoral federal.

5.- Resuelto ya la reubicación del 60 por ciento de las casillas en domicilios particulares y plazas públicas, el problema para las autoridades electorales y partidos políticos será lo que pueda ocurrir con el 40 por ciento restante, indudablemente la parte mas vulnerable en términos de seguridad para los votantes.

Descartada la presencia del ejército y tomando en cuenta el número limitado de policías con los que cuenta el gobierno del estado, tal vez la opción que ya se empieza a valorar en un buen número de municipios es que sus autoridades convoquen y organicen a los ciudadanos a cuidar las urnas. Sería un hecho inédito de autodefensa ciudadana digno de tomarse en cuenta con todos los riesgos que acciones de esta naturaleza pudieran acarrear.

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