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MÉXICO, DF. 29 de abril de 2014 (Quadratín).- Ante las repercusiones negativas en términos de salud, sociales, ambientales y económicas que traerá al país la explotación de hidrocarburos por fractura hidráulica, que pretende el Gobierno de Enrique Peña Nieto concesionar a capitales extranjeros, el senador del PRD Benjamín Robles Montoya presentó iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica (Fracking).
El legislador oaxaqueño expuso ante el pleno los daños que ha causado en otras naciones el uso de esta técnica de extracción:
“Los proyectos de extracción por fractura hidráulica tienen serias consecuencias para la disponibilidad de agua en zonas adyacentes a los sitios de extracción: Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. Eso en un país como el nuestro de tantas necesidades en materia hidráulica sin duda es un crimen”.
“Se estima que la población que habita a menos de 800 metros de un pozo donde extraen hidrocarburos por fractura hidráulica, la probabilidad de padecer cáncer asociado a los contaminantes emitidos como consecuencia de esta técnica es del 66%”.
Y es que dijo que tan sólo en Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminación del agua cerca de pozos de fractura hidráulica.
“Compañeras y compañeros Senadores, somos muchos los mexicanos que mostramos genuina preocupación por la explotación de gas de esquisto por medio de técnicas de fractura hidráulica, o Fracking, como comúnmente se conoce”, reiteró Robles Montoya.
Refirió que desde hace meses diputados y Senadores, con el apoyo decidido de la sociedad civil, particularmente de La Alianza Mexicana contra el Fracking, han venido trabajando en la iniciativa, la cual también fue presentada en la Cámara de Diputados, suscrita por más de 60 legisladores.
Explicó que la fractura hidráulica consiste en hacer una perforación vertical de 3 a 5 kilómetros de profundidad, hasta llegar a donde se encuentran unas rocas porosas que pueden ser de esquisto, lutitas o pizarra. Dentro de estas porosidades es que se encuentra gas natural. Cuando se alcanza la capa de las rocas, se continúa la perforación en el plano horizontal, a través de la misma.
Esta perforación horizontal, expuso, suele ocupar un kilómetro y medio de longitud o puede llegar hasta los 3 kilómetros; dentro de la capa de pizarra se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas y se inyectan, por etapas, de 9 a 29 millones de litros de agua a muy alta presión, mezclados con arena y un coctel de más de 750 aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran bencenos, xilenos, cianuros, los cuales son elementos cancerígenos y mutagénicos.
Muchas de estas sustancias químicas, señaló, ni siquiera están catalogadas, y las empresas se reservan la información completa de los componentes del coctel, amparándose en el secreto de derecho de patente, por lo que no se sabe con exactitud las dimensiones de los riesgos.
“Por si esto fuera poco, está comprobado también que este método ni siquiera es rentable, económicamente hablando. La misma industria gasífera en Estados Unidos ha reconocido que en el 80 por ciento de los pozos perforados los costos de producción superan a las ganancias esperadas”, apuntó el senador Benjamín Robles.
En el contexto nacional, precisó, de los seis pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde 2011, tres han resultado no comerciales, dos no comerciales por no producir condensados y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados.
Es a esto, a este excesivo riesgo, a este daño sistemático, que el Gobierno federal le quiere abrir la puerta indiscriminadamente. Por lo que, insistió que, por el bien de México, de las regiones y comunidades, ¡no al fracking!