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MÉXICO, DF. 20 de septiembre de 2013 (Quadratín).- El senador del PRD Benjamín Robles Montoya presentó ante el pleno senatorial iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, para que no sea requisito la denominación precisa de la autoridad en contra de quien se pide la protección de la justicia federal, sino que únicamente sea identificable por el juez.
“La iniciativa que vengo a presentar a este pleno plantea que en la materia penal y en los casos que señala el artículo 15 de la Ley, sea aplicable una especie de suplencia de la queja cuando el quejoso exprese incorrectamente la denominación de la autoridad responsable, pues en estas hipótesis, que implican gran urgencia, resulta imposible e ilógico que el quejoso investigue la correcta denominación del cargo de un servidor público, cuando está a punto de ser privado de la libertad o deportado o extraditado o cualquier otro de los actos que ya he señalado”, expuso Robles Montoya.
El integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República refirió que la ley establece requisitos formales que deben ser observados en la interposición de la demanda y la falta de alguno de estos requisitos, como es precisar el cargo del servidor público contra quien se interpone la demanda de amparo, da lugar a que el juez requiere al promovente para subsanar su omisión, o de lo contrario se tendrá por no interpuesta la demanda.
“La finalidad de esto no es vulnerar el derecho a una defensa adecuada, sino facilitar el acceso al juicio de amparo para materias y casos que son de especial delicadeza y urgencia por virtud del bien jurídico afectado o en riesgo”, reiteró.
Mencionó que el pasado 2 de abril fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, producto de un amplio consenso que tuvo como objetivo la reestructuración del juicio de amparo, en aras de adaptarlo a las necesidades y dinámica de nuestro nuevo sistema de justicia acusatorio y por supuesto al nuevo paradigma constitucional de protección a los derechos humanos, pero aún es necesario realizarle más reformas para que cumpla con su cometido.
Por lo que, dijo que a pesar de ello hay que estar conscientes de que en la práctica cotidiana, en la aplicación de esta Ley en los tribunales, pueden presentarse situaciones no previstas en su texto normativo y ello nos obligará a trabajar en aras de su perfeccionamiento. Ésa es una de las responsabilidades que tienen como legisladores.