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Oaxaca, Oax. 28 de enero de 2009 (Quadratín).- El secretario general de Convergencia, Víctor Hugo Alejo Torres, el Presidente del Movimiento vial ciudadano, Armando Figueroa Colmenares y la gestora Lucila Fernández, hicieron este miércoles la primer entrega de amparos contra el reemplacamiento, ante la oficialía de partes común de del Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en contra del paquete fiscal 2009 que está aplicando el gobierno de Oaxaca.
Previo a la entrega, los representantes ciudadanos en conferencia de prensa señalaron que este es el primer paquete de amparos que se entrega, y en el dijeron, va implícito el deseo ciudadano por echar abajo el cobro por emplacamiento.
El cobro del reemplacamiento es inconstitucional, señaló Armando Figueroa Colmenares, porque viola la Ley de coordinación fiscal y los artículos 11 y 14 de la Constitución política de nuestro País. Además dijo, es muy elevado el costo de las placas, y será el Tribunal Federal quien diga si los ciudadanos tienen la razón al oponerse a pagar este impuesto.
El presidente del movimiento vial ciudadano subrayó que las acciones que se están tomando no son partidistas y su finalidad es hacer que las leyes se respeten por todos los sujetos obligados. La sociedad oaxaqueña necesita del estado de derecho e imperio de la ley, sin embargo, vemos que la autoridad sigue empeñada en continuar con el cobro, por ello, confiamos en la autoridad federal, que al momento de dictar las sentencias respectivas amparen y protejan a los quejosos.
Por su parte, el secretario general de Convergencia, Víctor Hugo Alejo Torres, manifestó que las explicaciones que pretenden dar las autoridades estatales no son suficientes, ni mucho menos creíbles. es manifiesta su ignorancia del ordenamiento jurídico que regula la norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2000, referente a las placas metálicas, tarjetas de circulación empleadas en automóviles y demás vehículos de motor publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de enero de 2001, ya que si bien pretenden tener un único Registro Vehicular Nacional, lo más fácil y económico es copiar el actual padrón vehicular que resguardan la Dirección de Tránsito del Estado y la Secretaria de finanzas del mismo Gobierno, en una memoria USB y remitir ésta, ante la Autoridad Competente y no rediseñar una acción de nuevo emplacamiento con un costo que oscila entre los once a veintidós salarios mínimos, que multiplicados por los más de doscientos mil vehículos que integran dicho parque en el Estado nos arroja una cifra superior a los 160 MILLONES DE PESOS, de los cuales no sabemos su destino.
Finalmente, la señora Lucila Fernández dijo que los trámites de reemplacamiento no sólo lastiman la economía de los automovilistas, sino que en ellos se dan una serie de irregularidades, pues aprovechan que los ciudadanos pagan su tenencia y el gobierno del estado los obliga a pagar el impuesto a la alfabetización, el refrendo y el cambio de placas por lo que es desmedido el monto a pagar, siendo que en otros estados hay tasa cero y no existe el impuesto de alfabetización.