Presentan senadores priistas reformas a la Ley de Desarrollo Social

04 de febrero de 2009

14:23

Comunicado

México, DF. 4 de febrero de 2009 (Quadratín).- El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la Republica, presentó el día de hoy una iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Social con el objetivo de establecer nuevos lineamientos para la ejecución de la política social en México.
Al respecto, el senador Adolfo Toledo Infanzón, expresó que esta iniciativa pretende mejorar el marco jurídico de la política social a fin de que esta sea más eficiente para México.
Subrayó que en la actualidad la política social requiere un rediseño en virtud de que los recursos aplicados a los programas no han logrado resolver la pobreza de las familias mexicanas.
Resaltó que esta ineficiencia se debe a una política social centralista, a la dispersión de los programas en diversas dependencias y a que los programas se ejecutan sin una coordinación apropiada con las entidades federativas, ante ello Toledo Infanzón dijo debemos transitar hacia la descentralización de los programas para lo cual proponemos una mayor participación de los estados y municipios; también estamos proponiendo la simplificación de las reglas de operación y que en ellas se atiendan las opiniones tanto de los beneficiarios como de quienes ejecutan los programas, es decir los estados y municipios.
En relación a la designación de delegados federales, la propuesta del PRI propuso que su designación sea mediante propuesta del Ejecutivo Federal pero ratificados por un órgano colegiado en las entidades federativas, eso permitirá, añadió el Senador oaxaqueño, que los delegados cubran un perfil profesional y sean personas con experiencia en la materia a fin de tener controles que eviten el uso de los programas sociales con fines políticos o clientelares.
La propuesta priísta también busca se transparente el padrón de beneficiarios y propone se penaliza el uso de la información de los padrones con fines de promoción para un servidor público o un partido político con una sanción de dos a siete años de prisión.