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Votará Morena sin demora reforma que defiende soberanía: Nino Morales
San Raymundo Jalpan, Oax., 30 de agosto del 2011(Quadratín).- La cuestionada política presidencial de seguridad pública en la que incide de manera importante la extrema violencia de las bandas organizadas, que pululan en gran parte del territorio nacional, demanda la intervención de la sociedad de manera organizada, para que, desde la perspectiva de la prevención del delito y de las adicciones, se impida la proliferación mayor de grupos delictivos, subrayó el parlamentario Max Vargas Betanzos.
El Legislador dijo que no podemos permitir que el territorio nacional se convierta en un campo de guerra, por la miopía política de un ejecutivo federal que solo por seguir una línea perversa de la derecha, interesada más en sus negocios y beneficios, en lugar de equilibrar el desarrollo social entre todos los mexicanos, y con ello, impedir que los que menos tienen se vean en la necesidad de optar por la vida fácil y violenta que representa el crimen.
Una cuarta parte de los jóvenes mexicanos, cinco millones, sustentó, casi no tienen posibilidades de formar parte de la población económicamente activa, de ahí que desafortunadamente para algunos resulte más redituable convertirse en delincuente, siendo todavía peor si son detenidos porque el sistema penal lejos de readaptarlo los induce más al crimen, por lo que enfatizó debemos rescatar a esta nueva generación de jóvenes.
Si la defensa pública ha fallado, es momento de que intervenga la defensa privada, pero no de una manera de confrontación abierta y directa en contra de los delincuentes, sino a través de políticas sociales que propicien la participación de la sociedad, no solo de los ciudadanos sino que además se involucre a los niños y jóvenes de manera particular y articulada, agregó.
En los tiempos actuales, no podemos ser indiferentes ante los acontecimientos en Monterrey, por ejemplo, en que se lesiona a inocentes de manera cobarde y brutal, como no tenemos por qué esperar a que nos alcance la violencia para que quienes ocupamos cargos en el poder público actuemos con medidas apropiadas. Sabemos que los conflictos sociales surgidos han llevado cada vez más al compromiso y a la participación de una parte importante de la sociedad civil.
Ciertamente, añadió, el Estado, como sistema de gobierno, necesita, en este ámbito, de la participación y responsabilidad de sus ciudadanos, por lo que debemos crear esa conciencia de responsabilidad que les lleve a jugar un papel más decisivo en el diseño y ejecución de acciones y programas con una importante carga de creatividad y de eficacia.
Desde la LXI Legislatura del Estado, estaremos proponiendo normas que permitan la organización y participación de la sociedad en estos tópicos, así como el apoyo logístico para la facilitación de sus actividades.
Ello, sustentó, les hará acreedores a un papel más decisivo en el diseño de las políticas sociales públicas, no solo en materia de seguridad, sino en todas aquéllas que son fundamentales para el crecimiento cualitativo de los habitantes de nuestra entidad, pues en un futuro, lo que se pretende es mejorar las políticas y formar ciudadanos activos, democráticos y comprometidos con su entorno.
Vargas Betanzos enfatizó que el problema de la delincuencia, debe de atenderse paralelamente a las necesidades sociales, ante todo, urgió, se debe evitar la delincuencia. Los jóvenes, sobre todo, deben saber las consecuencias que ocasionan las conductas delictivas, que en la comisión de delitos pueden encontrar la muerte y en el mejor de los casos será privados de su libertad por años, que afectarán su vida y las de sus familias; debemos poner atención a la población pasiva que ha caído en las adicciones, pues de los adictos se mantienen los delincuentes y en ciertas ocasiones pasan a integrarse a las bandas.
De ahí, concluyó, es preciso impulsar la participación de los civiles desde el gobierno del estado y de las autoridades municipales mediante organizaciones sin ánimo de lucro; instituciones; asociaciones o grupos de autoayuda, fundaciones; organizaciones de voluntarios; y todas aquellas no gubernamentales que crean importante apoyar la seguridad pública desde la defensa privada y en forma preventiva.