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MÉXICO, DF. 25 de agosto de 2014 (Quadratín).-La Secretaría de Educación Pública (SEP) recurrirá al derecho para “corregir” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la “disfuncionalidad” en la ley de educación que se llegue a aprobar en el caso Oaxaca y no coincida con la legislación federal, advirtió Emilio Chuayffet Chemor.
Oaxaca podría enfrentar un nuevo proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, debido a que el 15 de abril de este año se presentó un primer recurso, por parte de la Presidencia de la República debido a que no armonizó la ley de educación local conforme a la reforma educativa.
El secretario de educación, Emilio Chuayffet aseguró que así como ha ocurrido en el caso de otras siete entidades en donde se consideró que las leyes locales no coincidían con las leyes de la reforma educativa: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Sonora, Michoacán, Morelos, Zacatecas; se puede recurrir al derecho para que se resuelva cuál es la posición en conflicto o pugna que prevalece.
En el salón Hispanoamericano de la SEP, donde se realizó una conferencia de prensa para presentar el programa de Cuarta Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet hizo referencia al tema de la armonización de la reforma educativa sin hacer alusión directa al caso de Oaxaca en el que el gobierno local, el Congreso y la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) discuten en este momento la aprobación de la ley.
El secretario de Educación señaló “el derecho es el que nos permite, y solo el derecho, corregir este tipo de circunstancias. Ahí donde no se han podido dictar leyes que tengan que ver con los grandes objetivos de la política educativa de México e incluso de los convenios o de la celebración de tratados con otros países”.
Indicó que la SEP o el gobierno federal pueden recurrir al principio de supremacía constitucional, que nadie desconoce, y que se puede ventilar perfectamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una acción de inconstitucionalidad para que esta diga cuál de las posiciones, en conflicto o pugna, prevalece.
Advirtió que “así hemos hecho en todos los casos en que ha habido una disfuncionalidad entre la ley local y las leyes federales”.
Por lo que no se descarta que así ocurra de nueva cuenta en el caso de Oaxaca.