Pronunciamiento de REDIM a la SCJN en el caso del Instituto San Felipe

29 de marzo de 2011
REDIM exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a ponderar los derechos de la víctima en el caso de agresión sexual cometido en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca
Hace cuatro años, Leticia Valdés Martell denunció que en el Instituto San Felipe, en el Estado de Oaxaca, su hijo de cuatro años de edad fue violado por el profesor Adán Salvador Pérez Ramírez y Gabriel Hugo Constantino García, esposo de la propietaria de la escuela. La profesora Magdalena Rufina García Soto, acusada de ser cómplice de abuso sexual infantil, se encuentra detenida. Leticia Valdés, ha pedido se dé a García Soto, la pena máxima ya que está plenamente comprobada su participación, ya que ella entregaba al niño a los acusados, contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en 2007 y a la fecha no han sido detenidos.
Para la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el caso del niño agredido en la escuela privada, evidencia muchos de los vacíos institucionales que existen para garantizar el derecho a la protección y el acceso a la justicia de niñas y niños víctimas del delito. La afectación que ha producido este delito en el niño ha quedado establecida dentro de la Recomendación 042008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Consideramos que este caso paradigmático constata diversas problemáticas para garantizar los derechos de la infancia, entre las que destacan:
Ausencia de supervisión en las escuelas, públicas y privadas, por parte de las autoridades competentes.
Carencia de coordinación entre autoridades, para garantizar la seguridad de niñas y niños, lo que imposibilita que muchos de los delitos cometidos sean denunciados y/o perseguidos de manera oportuna.
Omisión de las autoridades estatales al momento de cumplimentar con las órdenes de aprehensión.
Largos y complejos procedimientos judiciales que revictimizan a los afectados y que impiden el acceso a la justicia.
Estigmatización por parte de las autoridades, hacia los niñas y niños que han sido víctimas del delito
Ausencia de la reparación del daño en beneficio de las víctimas del delito y por tanto, la falta de una efectiva restitución de sus derechos.
Diversas formas de corrupción, en nuestro sistema de Justicia, representando uno de los mayores obstáculos y desafíos para México como un Estado de Derecho.
Desde la REDIM hacemos un llamado a la autoridad judicial estatal, para que ejecute las órdenes de aprehensión, que aún se encuentran pendientes y se sancione a los responsables materiales del delito.
En este sentido, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse respecto a la tardanza de los procesos penales de justicia, ya que de acuerdo con la Constitución, esta debe ser pronta y expedita y en el presente caso, la impartición de la justicia se ha postergado.
Tenemos confianza, en que en el día de mañana 30 de marzo en el debate y sentencia del presente caso, la Primera Sala de la SCJN, buscará ponderar los derechos que tienen las víctimas respecto al acceso a la justicia, la reparación del daño y la restitución de sus derechos; asimismo esperamos, que esta resolución sea un avance en la determinación de la responsabilidad a la que están sujetas las diversas autoridades (tanto educativas, como judiciales), en la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
Apuntamos de manera importante una gran preocupación en el sentido de que cualquier hecho de impunidad alimenta estos delitos de abuso contra la infancia y sobre todo aquellos relacionados con la trata y explotación sexual que ha crecido como fuente de ganancias para el crimen organizado transnacional.
Este caso vuelve a recordar la urgencia por construir el Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia que, entre otros aspectos, ayudaría a reducir la impunidad en los hechos donde se han visto violentados los derechos de niñas, niños y adolescentes.