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Oaxaca, Oax. 10 de diciembre de 2012 (Quadratín).-El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propondrá una iniciativa que permitir transparentar los programas sociales y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos, mediante una reforma a la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 26, 72 y 74.
El legislador explicó que el artículo 26 obligaría al Gobierno Federal a elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, así como a las entidades en sus respectivos periódicos oficiales, las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y asignaciones; de lo contrario los responsables serían sancionados.
Respecto al artículo 72, se establecería que la política de desarrollo social deberá estar a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y su revisión periódica, y la inmediata suspensión de los programas en caso de identificar opacidad.
La propuesta para modificar el artículo 74 hace referencia a la evaluación de resultados que deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para analizar su cobertura, calidad e impacto.
Benjamín Robles Montoya dijo que la opacidad en los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar los derechos sociales consagrados en la Carta Magna.
Definitivamente la discrecionalidad, la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos fomentan la corrupción y el uso partidista de dichos programas, señaló.
El senador por Oaxaca indicó que los estados tienen la obligación de proteger los derechos sociales, que como lo establece la Constitución, no están sujetos a plataformas políticas o al arbitrio de la administración en turno.
Recordó que el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones de acción y de resultado, concluyendo que si bien los derechos civiles y políticos están previstos en otro tratado internacional, las obligaciones a las que están sujetos los estados son muy similares.
Se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas pero aún vemos como el flujo de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la pobreza, afirmó el senador.
Los programas menos transparentes significan el 38 por ciento de los casi 400 mil millones de pesos presupuestados para esos apoyos sociales y de acuerdo con el INDEP 2012, sólo 16 programas, de los 163 evaluados alcanzaron calificación de óptimos.