REFORMA. María Amparo Casar / Oaxaca: volver al pasado

México, D.F. 15 de junio de 2010 (Reforma).- México es un país de diversidades y contrastes. Coexisten empresas de clase mundial con empresas terriblemente improductivas; complejos agroindustriales con productores de autoconsumo; polos de desarrollo acelerado y zonas muy deprimidas; los hombres más ricos del mundo y los más miserables.
Oaxaca es uno de los estados más atrasados y concentra una de las poblaciones más pobres. Ocupa el sitio 31 en el índice de desarrollo humano y en PIB per cápita; es el tercer estado con más pobreza (el 38% de su población vive en pobreza alimentaria); tiene el segundo peor promedio de escolaridad, ocupa el último lugar en el resultado PISA y el último en porcentaje de su fuerza laboral con educación superior; es la entidad federativa que menos recauda con respecto a sus ingresos totales y el último en los índices de competitividad de IMCO y a-regional.
Lo mismo ocurre en la política. No tenemos índices de democracia estatal tan conocidos y precisos como los económicos pero a la luz de lo que se ha visto durante los últimos dos gobiernos estatales, Oaxaca parece refractario a todo avance democrático. Es una de esas islas intocadas por la democracia a pesar de que ya hace seis años la oposición estuvo a punto de ganar la gubernatura.
Prácticamente todos los conceptos que hace 20 años usábamos para caracterizar al sistema político mexicano siguen vigentes si nuestro universo de estudio es Oaxaca: sistema de partido hegemónico, carro completo, partido de gobierno, dedazo, caciquismo, autoritarismo y sobre todo elección de estado.
Hace años se acuñó el concepto de elección de estado para calificar las elecciones en México, las federales y las estatales. El concepto cayó en desuso en el nivel federal porque los instrumentos que la hacían posible desaparecieron y en su lugar surgieron instituciones que la hacían impracticable: autoridades electorales independientes y autónomas, medios de comunicación plurales, control sobre los gastos de campaña, una distribución del poder político que ejercía contrapesos al partido en el poder, vigilancia y fiscalización sobre el gasto gubernamental, restricción a la actuación político-electoral de los funcionarios.
Todos estos candados creados por la democracia mexicana no operan en el caso de Oaxaca. Los excesos del gobernador no tienen límite. El trípode estado-partido-gobierno que definió al sistema político mexicano sigue en pie en el estado de Oaxaca. La maquinaria del gobierno del estado puesta al servicio del proceso electoral con dos objetivos principales: ganar las elecciones y comprar impunidad.
Vaya como botón de muestra el llamado programa de Unidades Móviles para el Desarrollo concebido como programa de gobierno y utilizado como brazo operativo de la estrategia electoral del gobernador. Un programa financiado con recursos estatales que proporciona lo mismo despensas que servicios de registro civil, atención médica que asesoría en asuntos agrarios. Un programa que desde que comenzaron las campañas se ocupa de tareas de difusión, propaganda y promoción del candidato oficial.
Pero la inequidad electoral no se reduce a la utilización ilegal de recursos públicos. Para apuntalarla está la captura de las instituciones electorales y de los tribunales, el control sobre el órgano de transparencia y sobre la auditoría estatal, el carro completo que dejaron las elecciones del 2007, el control del sistema estatal de radio y televisión. También la compra del voto, la extorsión a los candidatos de oposición, la contratación a modo de la empresa encargada de imprimir boletas, la intentona de imponer a funcionarios de casilla sin previa insaculación, el decomiso de periódicos adversos al candidato oficial, la prohibición de observadores internacionales o la exigencia a las casas encuestadoras para que entreguen sus estados financieros.
Con todo y para fortuna de la democracia, Oaxaca sigue siendo un territorio en disputa. La mayor parte de las encuestas sitúan a Gabino Cué empatado o con una ligera ventaja sobre el candidato del gobierno. Ahora que, de ganar, tendrá el reto de hacer gobernable un estado que no lo es; la responsabilidad de demostrar que valió la pena que el electorado oaxaqueño se sobrepusiera al miedo a votar por la alternancia, a superar el abstencionismo del 60%. Tendrá encima el compromiso adquirido de desterrar durante su gobierno las prácticas que han hecho del autoritarismo oaxaqueño una de las vergüenzas nacionales. Lo digo porque, a decir verdad, los partidos de oposición no han destacado por ejercer el poder de manera sustancialmente distinta a sus colegas del PRI.