Raúl Toledo / La “perversidad” de URO

Oaxaca, Oax. 2 de agosto de 2010 (Quadratín).- El aún gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz optó por la estrategia política más arriesgada en su afán por salvarse de las responsabilidades políticas que como titular del Ejecutivo local habrá de enfrentar a partir del 1 de diciembre.
En contra de lo que dictan los cánones de la política del antiguo régimen, el gobernador decidió polarizar la transición y determinó que la ruta a seguir en los próximos meses debe ser el de la confrontación, la ruptura y la generación de presumibles actos de desestabilización social que pudieran poner en riesgo la viabilidad del nuevo gobierno en los primeros meses de su gestión y colocar al gobernador en una situación de imponderables políticos que le impidan en los primeros cien días presentar sus primeras acciones de gobierno; en la idea de que al estar ocupado en tomar el control del gobierno transcurra el período que se requiere para la revisión de la documentación que se anexe a la entrega-recepción.
La ruta elegida presupone que el gobernador reconoce que con los compromisos que algunos grupos sociales y sectores adquirieron con él durante su gestión, puedan contar con la capacidad para movilizar grupos sociales, sindicatos y autoridades municipales para “generar” inestabilidad durante los primeros tres meses de gobierno y desde los medios de comunicación afines, desde el Congreso Federal y Local, desde el PRI y sus organizaciones se hagan los señalamientos públicos de la supuesta incapacidad para gobernar al estado, pero más allá de eso, mandar el mensaje a los ciudadanos de otras entidades donde habrá elecciones y en los que los partidos políticos que integraron la coalición han manifestado su interés de caminar juntos, que las alianzas entre el PAN, PRD, PT y Convergencia únicamente generan inestabilidad social.
Este es el escenario que se presupone privó en Ulises Ruiz, sabedor de que no tiene otra cosa que venderle al PRI y al que desea lo acepte como su aliado, el gobernador Peña Nieto.
Pero en el escenario de la “ingobernabilidad social y política” que pretende generar el gobernador se olvidan muchas situaciones políticas y sobre todo, el control que sobre el Estado tendrá el nuevo gobernador.
Primero: El uso legítimo de la fuerza pública y de la aplicación de la justicia, particularmente de este último.
Segundo: Contar con una mayoría legislativa que habrá de realizar de manera inmediata los cambios a la legislación correspondiente y los apoyos en los nombramientos que habrá de presentar del Procurador, del Titular del Poder Judicial y de los organismos autónomos.
Tercero: La auditoría a la gestión de algunos funcionarios públicos que a diferencia de los legisladores federales no contarán con fuero constitucional.
Cuarto: La auditoría a los presidentes municipales de extracción priista que se plieguen a los juegos del que dejará de ser gobernador a partir del 30 de noviembre.
Quinto: El nombramiento del titular del Poder Judicial.
A nadie y menos a Ulises Ruiz le convenía polarizar la transición. Al no contar con consenso social, será difícil que Ruiz pueda pasearse por las calles de Oaxaca o por las calles de Juchitán. A diferencia de sus antecesores que fueron protegidos por quienes los sustituyeron en el cargo y que pertenecía a su mismo partido, Ruiz Ortiz no contará con esa impunidad ni esa protección.
Su apuesta es demasiado arriesgada, pero en política cabe aún que el gobernador atienda el llamado que el Consejo Ciudadano y el propio equipo del gobernador electo le han hecho para iniciar una transición manejable y negociada en los cuatro meses que aún le restan en el cargo.
Sería muy difícil para el gobernador que el PRI lo pudiera colocar en la lista de candidatos a senadores por la vía plurinominal si le sigue apostando a la polarización política en Oaxaca.

Foto: Archivo