Raúl Toledo / Seguridad pública: algunas propuestas para Oaxaca

Oaxaca, Oax. 28 de mayo de 2010 (Quadratín).- El tema de la seguridad es hoy uno de los asuntos públicos que más preocupan a los ciudadanos y marcan la agenda de los tres niveles de gobierno. La percepción de inseguridad que se reflejan en las encuestas han pasado a formar parte ya del ámbito y de la esfera de todos los gobernados, de ahí que quienes aspiran a representar a los ciudadanos, quienes desean ser sus representantes en el ámbito legislativo o desde el gobierno.
El Estado debe ser el garante para que los ciudadanos vivan en armonía, desempeñen su trabajo y sus actividades productivas con la certeza de que su vida y su patrimonio están protegidos por el estado y en este caso por sus gobiernos.
En los últimos años según datos del propio sistema nacional de seguridad pública se han incrementando los delitos que atacan la vida y el patrimonio de las personas; en el último año el delito del secuestro y el secuestro expres constituyen el margen de acción más amplio sobre el que actúa no solo la delincuencia común sino también la delincuencia organizada.
Oaxaca es una de las entidades donde este delito ha venido presentando incrementos constantes. Una lectura del V informe de Gobierno nos habla de la falta de eficiencia y eficacia de la policía preventiva y ministerial para atender las denuncias que presentan los ciudadanos: Según el informe la Institución del Ministerio Público inició 49 mil 226 averiguaciones previas, en lo que se refiere al Sistema Tradicional Mixto Inquisitivo. De las averiguaciones previas iniciadas, se resolvieron 5 mil 421 expedientes; es decir sólo el 11%; y en trámite se encuentran 8 mil 503, es decir, 17%. Asimismo, se determinó el archivo y no ejercicio de 9 mil 389 y en 22 mil 129 indagatorias, casi el 45% de las averiguaciones previas iniciadas se decretó su reserva ante la imposibilidad temporal y legal de contar con mayores elementos para lograr su perfeccionamiento.
Continua el informe: Los agentes del Ministerio Público han tenido participación en 3 mil 358 procesos penales, de los cuales en 2 mil 685 casos se dictó el Auto de Formal Prisión por 363 autos de libertad.
En este sentido se libraron 2 mil 407 órdenes de aprehensión y se ejecutaron 1 mil 51 órdenes. El Ministerio Público ha vigilado la secuela de los procesos que se encuentran en trámite, de los que se dictaron 1 mil 530 sentencias condenatorias y 160 condenas absolutorias. Es decir, la eficiencia del sistema judicial oaxaqueño según sus propias cifras es de menos del 5%.
De ahí que me permito delinear algunas propuestas para el futuro gobierno y que han resultado exitosas para combatir el delito en otras entidades federativas:
Primero.- Implementación del Gabinete de Gobierno y Seguridad coordinado por el Gobernador del Estado para analizar todos los días la incidencia delictiva, la georreferenciación de los delitos, los casos relevantes de secuestros, homicidios, robos, es decir, revisión de los delitos de alto impacto que inciden directamente en la gobernabilidad de la entidad. En este gabinete estarían invitados los jefes de cada una de las regiones militares del estado, los delegados de la PGR y de la Policía Federal para establecer los mecanismos de colaboración necesarios.
Segundo.-Establecer los sistemas de medición de la incidencia delictiva que permita mostrar en números y en una estadística muy puntual el nivel de criminalidad en la entidad, para cumplir con lo dispuesto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tercero.- Mejorar y dignificar las condiciones de trabajo de los cuerpos de seguridad pública, de los ministerios públicos y de los jueces, con salarios dignos, con prestaciones sociales suficientes.
Cuarto.- Otorgar una capacitación permanente a los cuerpos de seguridad pública en las áreas de combate a la criminalidad y en el rubro de los derechos humanos, hasta construir una policía de proximidad respetuosa de los derechos humanos y con mayor cercanía y aceptación de los ciudadanos. Es urgente que se termine con el temor de los ciudadanos de acercarse a su policía. Para ello se debe construir una política integral en la materia con la participación de la Federación, el Gobierno del Estado y los presidentes municipales, que siente las bases para que la entidad pueda enfrentar las nuevas disposiciones para contar con un mando único policial.
Quinto.-El nivel de penetración de la delincuencia organizada en los cuerpos de seguridad obliga hoy a nuestras autoridades a mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías, de ahí que sea urgente otorgar créditos de vivienda a los elementos policiacos e incentivos a los policías, tanto a los de prevención como a los que se dedican a la investigación ministerial, que sean reconocidos por actos que pongan en riesgo su vida o por investigaciones relevantes.
Sexto.-Adquisición de mejores armamentos y vehículos para los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia que cumplan con lo dispuesto en el Acuerdo Nacional por la seguridad y la justicia.
Séptimo.-La delincuencia común en el estado la tenemos que enfrentar no solo con más policías sino acompañado de una política social hacia nuestros jóvenes, generando oportunidades de empleo, de educación y de oportunidades culturales y sociales, con el propósito de mantenerlos alejados de las garras de la delincuencia.
Octavo.- Impulsar la creación de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para el Estado de Oaxaca donde participen los diferentes sectores sociales, representantes de organismos privados, empresarios, organismos no gubernamentales, civiles, de derechos humanos, que evalúe el comportamiento policial y contribuya a definir las políticas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia para la entidad.
Noveno.- Fortalecimiento del Programa de Mediación Comunitaria que ha colocado al estado de Oaxaca a la vanguardia en el tema de la mediación como mecanismo alternativo para resolver controversias de manera ágil, expedita y eficaz para buscar una solución de las partes en conflicto.
Décimo: Construir con el apoyo de organizaciones civiles internacionales una nueva cultura ciudadana de la legalidad, del respeto a las normas que permita contar con una nueva relación entre gobierno y ciudadanos.