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MÉXICO, D.F. 1 de octubre de 2013 (Quadratín).- Grupos empresariales representados por diversos organismos en Oaxaca presentaron varias propuestas para enriquecer y hacer viable la reforma hacendaria, durante el Diálogo Legislativo en Materia Fiscal y Hacendaria entre las Delegaciones Empresariales del Estado de Oaxaca y el Senado de la República, con el senador del PRD Benjamín Robles Montoya.
Señalaron que la reforma hacendaria es eminentemente recaudatoria, incumple las condiciones de una reforma hacendaria al no incluir aspectos relacionados con la eficiencia en el ejercicio del gasto y la administración pública, así como mejorar los sistemas de fiscalización sobre quienes realizan prácticas evasivas y elusivas, así como en los informales.
El senador Robles Montoya dijo que las propuestas que recibió serán retomadas por el PRD y presentadas durante las discusiones de la iniciativa en la Cámara Alta. “Pedí a los asesores en materia económica que nos acompañaran porque quisiera revisar la posibilidad de revisarlas, al interior de nuestro grupo parlamentario, y traducir esto en un producto legislativo”.
Entre las ideas que se presentaron en la reunión, se planteó restringir la deducción de prestaciones de los trabajadores, pues impactará en un aumento de 3% a 5% en la tasa efectiva a pagar, lo que afectará sobre todo a las empresas más pequeñas, señalaron.
También preservar el IVA diferenciado en la frontera, régimen simplificado en sector primario y régimen de pequeños contribuyentes; pues de elevarse al 16% como se propone, se dejaría a los estados fronterizos de México en desventaja frente a los estados fronterizos de Estados Unidos o de Guatemala al sur del país.
Se propone mantener el ahorro de vivienda los trabajadores, es decir, dejar el 5% de aportación laboral para el ahorro del trabajador al saldo de la subcuenta de vivienda del Infonavit, ya que de no aplicarse, se incrementará el grueso de la población para la que no sería posible una vivienda y alejaría la posibilidad de que los trabajadores de menores ingresos accedan a una vivienda digna.
Otra sería bajar los costos de indemnización por despido, debido a que en la iniciativa del Gobierno federal no se explica cómo se asegurarán los recursos necesarios para dar viabilidad financiera, de largo plazo, a la pensión universal y al seguro de desempleo.
Ya que se omite que somos el país con mayores costos de indemnización en la OCDE, y el cuarto con mejores indemnizaciones por despido (14.5 semanas de cotización), cerca de los países con los costos más altos del mundo: Indonesia (17 semanas) y Tailandia (15 semanas).
Si el seguro de desempleo se aprueba sin corregir costos de indemnización, las empresas mexicanas eventualmente enfrentarían un doble costo, que ningún otro país tiene para la creación de empleo formal. En lugar de promover el empleo, se busca “asegurar el desempleo”, enfatizaron los ponentes.
Finalmente detallaron que se debe privilegiar la preservación de la disciplina fiscal y cuidar el gasto, ya que en el paquete del presupuesto presentado se incluyen cerca de 500 mil millones de pesos adicionales a los del año pasado.
Pero la mitad de los recursos serán financiados con deuda pública nueva; otra parte importante de esos recursos provendrá de las empresas y la clase media, quienes tendrían que cargar con una recaudación adicional por 240 mil millones de pesos equivalentes al 1.4 por ciento del PIB. En su lugar, debería privilegiar el gasto público productivo en infraestructura, innovación y tecnología, y cuidar que haya transparencia y rendición de cuentas.
A la reunión de trabajo acudieron los senadores: Zoé Robledo, Alejandro Encinas, Eviel Pérez Magaña, Teófilo Torres Corzo, así como los diputados: Rosendo Serrano, Gloria Bautista, y el presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Coparmex Oaxaca, Miguel Ángel Calderón.
Además, José Luis Calvo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología; Adela Santos, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Luis Felguérez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y Benjamín Hernández, presidente del Centro Empresaria de Oaxaca.