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OAXACA, Oax. 26 de septiembre de 2013 (Quadratín).- A propuesta de la Fracción Parlamentaria del PRD, el pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Oaxaca.
Durante su participación en tribuna, el diputado del PRD Francisco Martínez Neri señaló que esta reforma se erige como un instrumento jurídico tendiente a establecer que los servidores públicos estén comprometidos a cumplir con cabalidad las ordenanzas de la ley, de lo contrario, dijo “contravendrán los intereses de la sociedad y serán sancionados, porque es imprescindible erradicar la corrupción, la delincuencia y la impunidad que usualmente socavan a las instituciones públicas, y proveer a la sociedad de disposiciones que procuren la legalidad y el buen despacho de los asuntos a su encargo, sustentado todo ello en valores éticos y en los principios constitucionales que rigen en el servicio público”.
Martínez Neri comentó que en momentos de transición democrática de las instituciones del Estado, las leyes también deben transformarse y evolucionar para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética en los servidores públicos.
En ese entorno, y de conformidad con el orden jurídico local, destacó “todo servidor público incurre en responsabilidad administrativa, cuando realiza actos u omisiones que afectan o contravienen la honradez, la legalidad, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas que deben observarse en el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público; o cuando en ejercicio de las funciones que tenga conferidas, incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de los asuntos públicos”.
En términos generales, el legislador del Sol Azteca explicó que la reforma que se plantea fortalece la vida democrática en el Estado, porque se propiciará el control y la supervisión sobre la función del servicio que los servidores públicos desempeñan, y se establece la pertinencia de exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones así como el correspondiente respeto a los derechos humanos y de los intereses de la sociedad, con lo que se garantiza la vigencia del estado de derecho.
Por último, Martínez Neri dijo que la sociedad anhela una administración pública proba y eficaz, la pretensión es que todo servidor público realmente lo sea, que no vaya en busca del beneficio personal o que asuma otras conductas igualmente condenables y reconoció el esfuerzo de los integrantes de las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia e Instructora, por el trabajo de análisis y dictaminación.