Regresa García Luna, te perdonamos

Indicador Político

MÉXICO, DF, 16 de julio de 2015.- Si todos los hechos son efecto de una causa, entonces la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán debe analizarse en la decisión política del entrante gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de disolver la Secretaría federal de Seguridad Pública y traspasar las oficinas a una menor de la Secretaría de Gobernación.

La decisión ocurrió en el escenario político de un cambio de enfoque de gobierno: pasar la temática del dominio de la seguridad a la política de las reformas estructurales. Pero el desmantelamiento de toda la estructura de seguridad al mismo tiempo aflojó todos los protocolos, abandonó la estructura de control de penales y perdió el valor de la experiencia.

Con todos los saldos negativos y positivos, Genaro García Luna había construido una SSP integral y dedicada sólo a los menesteres de seguridad. Pero en este sexenio la Secretaria se transformó en una modesta comisión nacional de seguridad con nivel -aunque no rango formal- de Subsecretaría de Gobernación. Los funcionarios del Comisionado Nacional de Seguridad, entonces, estaban a nivel de directores generales.

La desorganización burocrática comenzó al arrancar el sexenio actual con la desaparición de la SSP y tardar un año en la fundación de la Comisión. Como secretario federal de SP, encargado de la disolución, fue designado Manuel Mondragón y Kalb, titular de la SSP del DF durante la gestión de Marcelo Ebrard y designado en campaña como candidato a titular de la SSP federal por el candidato perredista Andrés Manuel López Obrador. En su tiempo de un año y meses de secretario federal de SP, Mondragón desmanteló la Secretaría pero también acabó con la estructura de seguridad.

Al renunciar Mondragón en marzo del 2014, Gobernación designó a Monte Alejandro Rubido como comisionado de Seguridad por la única razón de que ya había sido evaluado y no requería una nueva calificación en el Congreso. Formado en el CISEN, Rubido había sido subsecretario de Derechos Humanos de las SSP federal.

El cambio de SSP federal a CNS implicó la intención de borrar las huellas de García Luna en seguridad y empezar de cero, aunque con menos recursos, menos jerarquía en funcionarios y menos mecanismos de seguridad. La idea central fue la de disminuir el tema de seguridad como dominante en las acciones de gobierno. Sin embargo, el costo fue la desprofesionalización del área federal de seguridad pública y sobre todo el aflojamiento en los mecanismos de control de confianza.

La estrategia supuso que el descabezamiento de los cárteles y la disminución de su accionar en el país representaba el fin de la inseguridad. Asimismo, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, le dedicó más tiempo a lo político y casi nada a seguridad. El arresto de El Chapo en febrero del año pasado se asumió como el fin de su carrera delictiva, por lo que los mecanismos de vigilancia se aflojaron a pesar de que ya se había fugado de Puente Grande, Jalisco.

La construcción de la SSP fue un esfuerzo primero de Alejandro Gertz Manero en materia de política de Estado y luego de García Luna en el rango de políticas de seguridad. La dimensión del problema de inseguridad fue asumida por los dos como de prioridad en tanto que la alternancia en el 2000 y el 2006 implicaba la atención a la desarticulación de las políticas de seguridad del priísmo basadas en la complicidad, en el control social y político, y en la correlación entre seguridad y disidencia.

El desafío de la crisis de seguridad pública provocado por la fuga de El Chapo implicaría regresar al modelo de García Luna: la seguridad del Estado y una dependencia fuerte para esos menesteres. A menos, ciertamente, que el gobierno federal tenga alguna nueva propuesta. El costo político del desmantelamiento de la SSP y de la estructura de seguridad pública se convirtió en una crisis general: de gobierno, de gabinete, de Estado y de sucesión presidencial. Por tanto, la respuesta al reto de El Chapo debe ser integral, estructural, política, de Estado y sobre todo de reconocer la dimensión del problema de seguridad pública y la necesidad de regresar a lo que sí funcionaba.

Famosas últimas palabras: «El día de mañana haremos un anuncio, seguramente quedarán algunos pendientes… Yo no quiero ni afirmar ni descartar a ninguno”: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, sobre los cambios en su gabinete.

Es pregunta: ¿será cierto que habrá cambios en toda el área de seguridad pública pero que se van a esperar hasta terminar las investigaciones sobre los sospechosos de haber recibido dinero de El Chapo?

La crisis que viene: La reestructuración del área de seguridad pública afectará intereses políticos, económicos, delincuenciales y judiciales que podrían generar nuevas fases de la crisis y algunas otras colaterales.

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