Reitera DDHPO incumplimiento de medidas cautelares

OAXACA, Oax. 2 de julio de 2015.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), reiteró que las autoridades de seguridad publica tanto del gobierno estatal y municipal incumplieron con las medidas cautelares emitidas a favor de los manifestantes que hicieron la clausura simbólica de las obras del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, el pasado 30 de junio.

En un comunicado la DDHPO señala que desde el pasado 9 de junio solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal emitir una medida cautelar para reguardar el orden público, en tanto que el 17 junio dirigió un documento al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

A continuación el texto completo de la DDHPO:

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en relación con la agresión sufrida por personas que se manifestaban en forma pacífica el 30 de junio de este año en el parque infantil Las Jirafas, ubicado junto al estacionamiento del Auditorio Guelaguetza de la ciudad de Oaxaca de Juárez, manifiesta a la comunidad estatal lo siguiente:

A raíz de actos de violencia que afectaron a personas y vecinos de la colonia Guelaguetza que manifestaron su desacuerdo con la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, la Defensoría solicitó desde el 9 de junio de este año al Secretario de Seguridad Pública estatal una medida cautelar para que la dependencia gubernamental resguardara el orden público y garantizara la seguridad personal de quienes de manera pacífica manifiestan sus ideas al respecto, con el fin de evitarles un daño de difícil o imposible reparación.

El 10 de junio, tras la comparecencia de ciudadanos que denunciaron haber sido agredidos por personas que se encontraban con trabajadores que participan en la construcción del referido Centro de Convenciones, la Defensoría solicitó al procurador general de Justicia del estado informar sobre la averiguación previa relativa a esa agresión que hubiera iniciado el Ministerio Público correspondiente.

El 17 de junio último, la Defensoría se dirigió al presidente municipal de Oaxaca de Juárez a fin de solicitar al ayuntamiento capitalino informes sobre si la construcción de dicho Centro de Convenciones cuenta con los permisos necesarios, si cumple con los estudios de impacto ambiental y si, previamente a las autorizaciones concedidas, la autoridad responsable efectuó una consulta pública libre e informada sobre dicha construcción.

Con motivo del anuncio que los integrantes del Frente de Defensa del Cerro del Fortín hicieron para realizar una clausura simbólica de la construcción del citado Centro de Convenciones, la Defensoría solicitó el 29 de junio de este año al comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez una medida cautelar a fin de que las policías estatal y municipal brindaran seguridad y vigilancia a organizaciones sociales que manifestaron su oposición a la construcción del Centro de Convenciones, a fin de evitar que se pusiera en riesgo la integridad personal de los participantes en la manifestación.

El personal de la Defensoría enviado a observar el desarrollo pacífico de la manifestación convocada en ese lugar, constató la agresión cometida alrededor de las 11:30 horas por presuntos transportistas quienes, en número superior a 500, se presentaron con machetes, palos y piedras a intimidar al grupo de aproximadamente 150 personas que se manifestaban pacíficamente, a las cuales atacaron con cohetones en tres ocasiones, hiriendo con esos proyectiles a una persona.

El personal de la Defensoría observó y documentó que, en las inmediaciones del sitio en donde se llevan a cabo los trabajos de construcción del Centro Convenciones (específicamente en el acceso de las escaleras del Fortín al auditorio Guelaguetza), estaba concentrado un grupo de aproximadamente 30 personas con los rostros ocultos por capuchas que bloqueaban dicho acceso y ostentaban una bazuca de fabricación casera. Pese a que se le solicitó al comisario de Vialidad municipal que investigara las acciones de ese grupo armado en el sitio, el oficial se negó a hacerlo asegurando: “Son transportistas”.

En este sentido, a la Defensoría le preocupa la falta de respeto y el incumplimiento a las medidas cautelares decretadas por este organismo al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, toda vez que dichas dependencias fueron advertidas oportunamente por la Defensoría de la necesidad de garantizar la integridad personal de las personas que participarían en la manifestación. La Defensoría emitió para ello una medida cautelar el 29 de junio de este año, con el fin de que las corporaciones policíacas resguardaran la libre manifestación de las personas.

A causa de los actos violentos registrados, este organismo defensor solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia del estado para que investigue los hechos probablemente delictuosos derivados de las agresiones cometidas en el lugar. De manera similar, la Defensoría solicitó a la Procuraduría General de la República que, en el ámbito de su competencia, investigue respecto de los explosivos utilizados para la agresión.

La Defensoría considera que el lanzamiento de cohetones contra una congregación de personas que se manifestaba pacíficamente, sin que intervinieran en su ayuda las autoridades encargadas de garantizar su integridad personal, es una señal muy grave, muy oscura, de expresiones fácticas que tratan de limitar la libertad de expresión.

Por lo anterior, la Defensoría investiga la probable responsabilidad de las instancias estatal y municipal en el momento de la agresión, pues las fuerzas del orden público allí presentes, además de permitir la agresión contra las personas que se manifestaban en forma pacífica, se negaron a detener a los agresores que se encontraban entre los presuntos transportistas, quienes por medio de redes sociales fueron convocados para constreñir a las y los participantes en la manifestación pacífica.

Quedan claras en los diferentes testimonios recopilados (que incluyen fotografías y videograbaciones) las deficiencias habidas en seguridad, pues las autoridades requeridas destacaron en el sitio una fuerza de vigilancia sumamente reducida, sin equipo adecuado para contener actos de violencia. Estos agentes de la ley, además, no actuaron de manera diligente cuando fue cometida la agresión contra la manifestación pacífica.

En este sentido, la Defensoría resalta que pese a las medidas cautelares que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para garantizar el derecho a la manifestación pacífica de estas personas, las autoridades omitieron proporcionar la protección requerida.

Los diferentes órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de garantizar el libre ejercicio de las manifestación de las ideas, y al haber ocurrido una agresión de esta naturaleza, queda muy claro que no existieron las condiciones suficientes de seguridad que requería este caso, máxime cuando la Defensoría emitió con oportunidad la solicitud de medidas cautelares.

Cabe mencionar que el derecho a la consulta previa, libre e informada está protegido por la normatividad internacional sobre los derechos humanos contenida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. Por disposición constitucional federal, todas las autoridades en la República Mexicana están obligadas a observar y hacer respetar esa normatividad.

Así, la Defensoría condena enérgicamente el atentado sufrido por las y los ciudadanos que se congregaron en un acto pacífico en el Cerro del Fortín, el 30 de junio de este año, para defender su derecho a ser consultados por las autoridades en las obras que afectan espacios naturales protegidos

De igual forma, la Defensoría reitera su petición enérgica a la Procuraduría general de Justicia del estado y a la Procuraduría General de la República para que investiguen los hechos y den con los culpables de esta agresión que vulnera la libertad de manifestación del pueblo de Oaxaca.

Sancionar esta clase de acciones delictivas, que ya han causado lesiones a una persona, es fundamental para apuntalar la democracia en el estado de Oaxaca, pues esta sólo se construye ahí donde la libertad de expresión y de manifestación están protegidas, sobre todo, para quienes lo hacen de manera pacífica y respetando la normas de la ley.