Renovación sin violencia

MÉXICO, DF, 24 de noviembre de 2014.- A nombre del sector empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reafirma su solidaridad con todas las víctimas y familias afectadas por la inseguridad pública.

Con la misma energía, hacemos un llamado a la sociedad mexicana, para que en este momento de conciencia, movilización y debate en torno a los grandes retos que tenemos como nación, tanto de coyuntura como estructurales, rechacemos toda forma de violencia que empañe la legítima y pacífica expresión ciudadana, así como el diálogo social.

Es preciso evitar la polarización y redoblar la apuesta por la democracia y sus instituciones, para así convertir los problemas en oportunidades, y un escenario de confianza vulnerada, en la ocasión para reafirmar el camino reformador que ha emprendido México, apuntalándolo con los fundamentos que están haciendo falta, principalmente en materia de Estado de derecho y fortalecimiento del Estado mexicano.

No se justifican las provocaciones, amenazas o llamados que buscan desestabilizar o generar conflictos y escenarios de caos, que la mayoría de los mexicanos rechazamos, porque sabemos que no se puede combatir la delincuencia, la impunidad y las debilidades de nuestras instituciones, con más impunidad, erosionando aún más a dichas instituciones y cerrando puertas a la interlocución política y social.

La construcción de un México próspero, democrático, justo, con seguridad y concordia social, debe unirnos a todos, por encima de los colores partidistas, ideologías o intereses sectoriales. Más aún en un momento histórico como el que vivimos, a fin de superar barreras, resistencias e inercias que pueden limitar o frenar el desarrollo.

El sector empresarial reafirma su compromiso y respaldo a las instituciones del Estado mexicano, con su Gobierno Constitucional y con nuestra democracia en construcción.

En este tiempo, resulta fundamental que haya unión en lo esencial, comenzando por el compromiso con las vías legales e institucionales en el devenir político, económico y social. Esta plataforma es necesaria para mantener y fortalecer una cohesión nacional.

No obstante, es claro que, en México, es momento de hacer un compromiso firme, como nación, con el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, y que, no actuar con determinación y visión de Estado en este sentido, desde el gobierno y la sociedad, sólo abonará a un desgaste mayor de la confianza y la capacidad de las propias instituciones democráticas.

No dejemos pasar más tiempo. Insistamos en la necesidad de un nuevo pacto o acuerdo nacional por el fortalecimiento institucional, por la gobernabilidad democrática, para actuar con diligencia, eficacia y sentido integral contra los grandes males que están detrás de la crisis de confianza política y social: la corrupción, la impunidad, la injusticia, los vacíos de gobernabilidad que permiten que prolifere la delincuencia en varias zonas del país.

La clase política, en específico, tiene que estar a la altura de este momento histórico. A México le costó mucho tener un sistema de partidos democrático, pero hoy, éstos, por igual, son vistos con enorme y creciente desconfianza por muchos mexicanos. Este es el momento de parar este deterioro, que no ayuda para nada a la sana convivencia social y a la consolidación de la democracia.

Comencemos por el reconocimiento del reto y el compromiso de cambio profundo, con acciones concretas.

Asegurémonos de que en este nuevo acuerdo sea integralmente representativo de la nación, con la participación fundamental de la sociedad mexicana.

El llamado es, justamente, a que los partidos y la clase política muestren apertura a las inquietudes y propuestas de ciudadanos y de los distintos sectores económicos y sociales. Que tengan voluntad política para la transformación, lo cual implica que estén dispuestos a ceder y a terminar con prácticas, actitudes y omisiones que ya no pueden permitirse.

La confianza y la cohesión social son determinantes para el progreso, y su preservación y fortalecimiento deben ser una prioridad nacional impostergable, que exige de una actuación política renovada y soluciones nuevas, creíbles, de alto impacto y cambio efectivo.

Se han hecho esfuerzos para abonar en la transparencia haciendo públicas las declaraciones patrimoniales. Tenemos que encontrar la forma de que estas medidas se repliquen, para abonar hacia un restablecimiento de la confianza y acercamiento entre la ciudadanía y el gobierno y los partidos políticos.

Acciones de ese tipo deben considerarse en las iniciativas que tienen lugar en cada partido en sus procesos de selección de candidatos, para prevenir la infiltración de la delincuencia y la corrupción. Vamos por esquemas homologados de consulta ciudadana e impulso a la transparencia.

De hecho, se esperaría que, en el blindaje que se necesita en el proceso electoral contra los recursos y participación de la delincuencia, haya protocolos, procesos y responsabilidades comunes, de todos los partidos.

Estos son el tipo de compromisos que se piden desde la sociedad. Como lo es, desde luego, la creación de una política nacional, articulada y eficaz, contra la corrupción y la impunidad. Tiene que ser verdaderamente de la máxima prioridad, y todos debemos asegurarnos de que no se trate de un cambio superficial y sin alcances, como ha ocurrido en el pasado, ante otras olas de reclamo social. Como principio, los entes regulados, no pueden ser los mismos que regulen. Tiene que haber autonomía efectiva, controles eficientes para prevenir y detectar, así como capacidad de investigación y sanciones ejemplares.

Urge una reforma profunda en el sistema policiaco, especialmente a nivel municipal, el eslabón más débil del Estado Mexicano.

Demandamos un esfuerzo emergente en este sentido, para canalizar recursos y capacidades para proteger a la población civil en las localidades más amenazadas por la violencia, y para dar paso a la transformación estructural. En este contexto, insistimos en el llamado a revisar a cabalidad el federalismo mexicano, para adaptarlo a los problemas y necesidades de hoy.

Desde luego, los temas que están generando desconfianza y encono social, deben ser aclarados en su totalidad, por la vía institucional.

En México se han realizado reformas de carácter económico que hasta hace poco tenían remotas posibilidades de prosperar, y que hoy abren un enorme potencial de desarrollo sostenible e incluyente. No lo pongamos en riesgo por no emprender con energía, las reformas que hacen falta para consolidar el estado de derecho y la democracia, como principios actuantes en la vida pública.

Adelante con la renovación profunda del país, en paz y por la vía de las instituciones democráticas. El compromiso de los empresarios de México en esta tarea es total.