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Oaxaca, Oax. 20 de mayo de 2013 (Quadratín).- Con la finalidad de resolver dos juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC), así como recursos de apelación (RA), el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, encabezada por la magistrada Ana Mireya Santos López, llevó a cabo la sesión pública correspondiente.
La sesión inició con el juicio promovido por Lucía Teresa Cruz Vargas, en su cargo de regidora del Ayuntamiento de la Villa de Etla, en contra de la orden dada por el presidente municipal en la que instruye al tesorero deje de pagarle las dietas y demás prestaciones correspondientes del primero de diciembre de dos mil doce, a la actualidad.
Una vez analizado el caso, los magistrados electorales declararon parcialmente fundado el agravio expuesto por Cruz Vargas, es decir, que efectivamente se debe pagar el mes de diciembre a la demandante, sin embargo, los demás meses no le corresponden ya que se ausentó del desempeño de su cargo como regidora. Por lo tanto, se ordenó a la autoridad responsable para que en un plazo de cinco días hábiles, realice el pago de dietas correspondientes a la actora que aún se le adeudan.
En el segundo JDC, Ángeles Citlalli Rincón Montaño reclama el acuerdo de desechamiento de queja dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). En este juicio, la demandante acusa la carencia de fundamentación y motivación del citado acuerdo, después de estudiar el caso, el Pleno del Tribunal ordenó a la comisión antes mencionada revocar el acuerdo impugnado y emitir uno nuevo que admita la queja de Rincón Montaño e inicie el procedimiento sancionador especial.
En este sentido, Rincón Montaño también promovió un recurso de apelación y su acumulado, en contra de los acuerdos emitidos por la misma comisión del IEEPCO, dentro del Procedimiento Sancionador Especial.
La demandante señala que sí aportó pruebas en sus escritos de quejas, no obstante, una vez indagado el caso, el Tribunal resolvió declarar infundados sus agravios y confirmar los acuerdos emitidos por la autoridad responsable.