La Ley silla, un cambio a favor de la salud
OAXACA, Oax. 14 de agosto de 2014 (Quadratín).- El impartidor de justicia está obligado a velar porque los derechos humanos de cualquier persona sean respetados y observados a cabalidad en todo proceso penal, tal como lo establecen las leyes locales y nacionales, los pactos e instrumentos internacionales, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirmó la magistrada Maribel Mendoza Flores, integrante de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“El juzgador debe tener siempre presente la encomienda de verificar que en todas y en cada una de las etapas de un procedimiento, ya sea en el sistema tradicional o escrito, o en el sistema acusatorio basado en los juicios orales, los derechos de la víctima y del imputado sean dados a conocer, respetados y, en consecuencia, observados”, puntualizó.
En entrevista, la especialista en materia penal dijo que para fortalecer la labor de los jueces y magistrados y garantizar una justicia apegada a derecho, en el Poder Judicial del Estado que encabeza el magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, se han adoptado los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; las leyes secundarias relativas a la protección de las víctimas; la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado y otras relativas a juzgar con perspectiva de género.
Por otro lado, la magistrada de la Primera Sala Penal del TSJ consideró que el proceso de transformación del sistema tradicional por uno de corte adversarial, implica suma de esfuerzos, estudio y compromiso por parte de sus operadores, no solamente de la institución responsable de la administración de justicia, sino de las demás involucradas en el tema para lograr que en 2016 todo el estado goce de las bondades de este modelo.
Resaltó que las especialidades, talleres, pláticas y conferencias sobre cómo juzgar con perspectiva de género, derecho indígena, el acceso a la justicia con perspectiva de infancia y otras más impartidas a los juzgadores, contribuyen al fortalecimiento de sus conocimientos en la materia y al efectivo funcionamiento del sistema penal además de que les preparan para asumir el reto que implica el nuevo modelo acusatorio.
En atención a todos y cada uno de los cambios que se dan en el exterior, tanto nuestros cuerpos legales como la forma en la que se imparte justicia, necesitan mejorar y seguir innovando en beneficio de la sociedad, subrayó.