Responsabilidad patrimonial del Estado, asignatura pendiente: Vásquez Villanueva

Oaxaca, Oax., 10 de julio del 2011(Quadratín).- El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la LXI Legislatura, Martín Vásquez Villanueva, envió al pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado de Oaxaca, con la cual, “Oaxaca cubrirá una importante asignatura que tenía pendiente, al hacer responsable al gobierno del daño patrimonial a las personas”.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política manifestó que es sorprendente que esta máxima elemental del Estado de Derecho, con décadas de haber sido legislada en muchos países y en México desde el sexenio pasado, en Oaxaca, cuna del primer Código Civil de Latinoamérica, no se había dado este paso elemental, en consonancia con la Federación y con muchos estados de la República.
Explicó que el Estado, como persona jurídica colectiva en sus tres órdenes, debe responder por los daños infringidos al patrimonio de las personas. “Si en un genuino Estado de Derecho los particulares tienen que responsabilizarse de sus actos frente a otros particulares y frente al Estado, con mayor razón tiene que responder la autoridad pública”.
En la exposición de motivos, Vásquez Villanueva mencionó que Oaxaca no puede ser un estado de excepción en materia jurídica. Las asignaturas pendientes tienen que cubrirse, sea cual fuere el partido en el poder y la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado.
Dijo que la Reforma del Estado debe comprender también la responsabilidad del poder público sobre cualquier quebranto directo al patrimonio de las personas. “Ya existe esta responsabilidad en el ámbito federal, llevémosla ahora al estatal y municipal, con criterios de legalidad, proporcionalidad, imparcialidad y economía procesal, con lo cual, cubrimos las lagunas legales y rezagos jurídicos que aún tiene nuestra entidad”.
Esta iniciativa de Ley, que fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Administración de Justicia, y en espera de ser aprobada por el Pleno del Congreso local, tiene como objetivo regular el derecho a la indemnización del que gozan los particulares en los casos de actuación indebida de la Administración Pública.
Menciona también que el órgano encargado de resolver las quejas de los ciudadanos y darle interpretación administrativa a dicha legislación, será competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Esta facultad interpretativa también le corresponde, en su ámbito, a los ayuntamientos.