Retos ante el tercer año de gobierno

MÉXICO, DF, 1 de diciembre de 2014.- Iniciamos el tercer año del sexenio ante un panorama nacional de grandes desafíos y con un balance de retos distintos para la conducción del Estado mexicano; no sólo respecto a la perspectiva que prevalecía en diciembre de 2012, sino inclusive frente a la que se manejaba hasta hace pocos meses.

Se cubre el primer tercio del gobierno con avances incuestionables para México, en especial por la vía de las reformas estructurales que se han aprobado, que ha dado paso a un proceso de implementación de enorme complejidad, por la envergadura de los cambios involucrados.

No obstante, de manera dramática, se ha hecho evidente la necesidad de replantear  y fortalecer la agenda, complementándola para concentrar esfuerzos en una serie de prioridades, que tienen que ver con los temas y deberes más básicos para cualquier sociedad y gobierno: seguridad pública, Estado de derecho, procuración e impartición de justicia y cohesión social.

Así lo asumió y reconoció el Presidente de la República, en su mensaje a la nación del pasado jueves, haciendo eco de la indignación que priva en gran parte de la sociedad: México no puede ni debe seguir igual, con estos niveles inaceptables de violencia, corrupción e impunidad.

Los acontecimientos que se presentaron en Iguala, Guerrero, y sus secuelas, con policías y autoridades corruptas actuando contra la sociedad, cimbraron la conciencia nacional.

Tienen que ser el parte aguas de un esfuerzo nacional para combatir esos grandes males, que están detrás de ésta tragedia y las que millones de mexicanos padecen en la vida cotidiana.

Esta no es una lucha de un gobierno, sino de la nación mexicana en su conjunto. No va a ganarse en un corto plazo, porque tanto sus causas como las soluciones son de carácter multifactorial, de larga data y en gran medida estructurales. Sin embargo, no debemos retrasar las decisiones y cambios de fondo, ni perder de vista que al mismo tiempo se necesitan medidas de protección urgentes o que puedan ayudar en lo inmediato.

Por eso respaldamos la decisión del Gobierno de la República de ir hacia delante, con reformas y acciones puntuales para avanzar en este terreno. Vemos el paquete de 10 acciones anunciado, junto con las medidas de índole económica que se integraron, como un esfuerzo importante, pero que necesariamente debe complementarse desde los otros poderes y niveles de gobierno, y sobre todo desde la sociedad civil.

La iniciativa presidencial debe dar paso a las aportaciones y análisis de propuestas, para armar una estrategia incluyente, integral y de largo alcance de desarrollo institucional del Estado mexicano.

Necesitamos trabajar en un gran proyecto nacional por el Estado de derecho y las instituciones democráticas, al que puedan sumarse todos los mexicanos. Un nuevo pacto social que sirva para unirnos, ayudando a recortar la brecha de confianza que existe entre la sociedad, el ciudadano común frente a la clase política, las instituciones policiacas, de procuración y administración de justicia.

Este déficit de confianza tiene que ser reconocido y atacado con acciones decididas, como las que se requieren en lo inmediato, a la par que se desarrollan transformaciones de fondo como las que hemos iniciado en el campo económico.

Estos son los principales desafíos para la nueva fase y lo que resta del periodo de gobierno vigente. Históricamente, los terceros años han sido claves para definir los saldos sexenales en México, y aquí claramente tenemos un balance de retos y oportunidades, de amenazas y esperanzas.

En la parte de Estado de derecho, nos sumamos al llamado para que se contemple un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, a fin de analizar, enriquecer y desahogar la agenda de cambio propuesta por el Presidente. Al mismo tiempo, reiteramos el exhorto a iniciar el proceso para apuntalarla, tomando en cuenta cinco ejes: Estado de derecho, Justicia y combate a la impunidad, Seguridad, Combate a la Corrupción y Gobernabilidad Democrática.

En el seno del sector empresarial se ha consensuado una serie de propuestas y acciones en cada uno de estos apartados, e insistiremos en principios que necesariamente tienen que seguirse para que los cambios sean efectivos.

Hay que asegurar que el sistema nacional contra la corrupción tenga capacidad real de detección, prevención y sanción, para lo cual, es indispensable una autonomía real, que se deba y responda a los ciudadanos, y no a los partidos o a funcionario alguno. Falta garantizar esto en las iniciativas presentadas.

Es necesario que haya voluntad política y el armado de una arquitectura institucional sólida, bien articulada, de rendición de cuentas.

La acción a nivel municipal es urgente y exige respaldo de todos los órdenes de Gobierno.

Desde luego, hay que trabajar en las debilidades y problemas que también existen a nivel federal y estatal, donde se presentan amplios espacios de opacidad e impunidad en temas como el ejercicio presupuestal en entidades federativas.

Las policías estatales únicas es una propuesta importante que puede hacer mucho en el combate a los vacíos de autoridad a nivel municipal, pero exige de un análisis profundo, para tomar en cuenta todos los pros y contras, posibles efectos colaterales y aspectos a cuidar.

En la parte económica, vemos que el país lleva buen paso en la implementación de las reformas. Es preciso llevar un seguimiento objetivo y puntual de avances, riesgos, retrocesos y cuestiones que no están funcionando como se necesita, para corregir y tomar acciones oportunas.

Tenemos que asegurarnos que las reformas no queden en buenos proyectos, sino que se materialicen en la práctica, con una realidad nueva en las condiciones de vida para los mexicanos.

Es indispensable que apostemos al crecimiento, a la inversión, al empleo y al ahorro, con medidas de política pública y cambios fiscales inmediatos que vayan a favor de estos objetivos.

La apuesta por los cambios de fondo, con una visión de largo plazo, era necesaria en México y ha sido la gran inversión a futuro de los últimos años. No obstante, el crecimiento ha sido moderado, y urge contar con perspectivas más alentadoras en el corto plazo.

El gran proyecto reformador requiere de una mejora en la confianza e impulso económico.

Es necesario que gobierno e iniciativa privada echemos a andar una estrategia emergente para acelerar la reactivación, especialmente del mercado interno. El Presidente de la República ha anunciado medidas que van en este sentido, y con un énfasis acertado en las regiones donde existen mayores rezagos e inercias. Hay que analizar a fondo y trabajar juntos, en sinergia, para llevar todo esto a buen puerto.

Desde nuestro sector, estaremos presentando propuestas concretas para complementar, acciones de efecto rápido orientadas al mercado interno, que es lo más urgente: que las familias y las empresas cuenten con más recursos y oportunidades, para el consumo y la inversión.

México tiene en marcha un gran proyecto de transformación y desarrollo económico.

Reforcemos este impulso de cambio, con las reformas que están haciendo falta, en las leyes y en el actuar de gobiernos y ciudadanos, para tener un país de instituciones fuertes, democracia consolidada, economía moderna, vigencia de la legalidad, seguridad pública y cohesión social.

El sector empresarial reitera su compromiso con la transformación y con las instituciones constituidas, como el espacio para el diálogo social y la construcción, entre todos y para todos, de un futuro mejor.