Samael Hernández Ruiz / La educación en el desfiladero

OAXACA, Oax. 8 de septiembre de 2014 (Quadratín).-Se agotó el tiempo. Los servicios educativos en Oaxaca podrían mantener su inercia hacia el declive y es urgente que construyamos  una solución entre todos.

La Sección 22 del SNTE le disputa al gobierno federal la permanencia de sus privilegios; pero también, hay que decirlo, la defensa de sus legítimos derechos laborales.

Los derechos laborales legítimos son aquellos consagrados en la Constitución y los que en el ejercicio de lo que establece la ley, fueron negociados y acordados entre las partes y signados como acuerdos.

Defiendo la tesis de que esos derechos deben ser respetados de plano y todo lo que atente directa o indirectamente contra ellos debe quedar sin efecto; no así el caso de los privilegios que deben ser erradicados porque son contrarios o no tienen sustento en el marco legal, debilitan la vigencia de las instituciones republicanas, afectan la economía de los estados y lesionan el derecho a la educación de los niños y jóvenes.

No obstante, en la práctica la diferencia entre derechos y privilegios no es muy clara en lo que respecta de la Sección 22. Hay una zona borrosa donde ciertos derechos parecen privilegios y donde algunos privilegios se asumen como derechos. Comprender lo anterior y distinguir con precisión las diferencias, resulta importante si se quiere avanzar en la reforma educativa que propuso el presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo garantizar el derecho a la educación en Oaxaca.

Insisto en poner en el centro el derecho a la educación, porque es un derecho consagrado por la constitución y porque en los hechos, su violación implica graves consecuencias como la exclusión, la vulnerabilidad social, el debilitamiento del Estado de Derecho, la economía  y la soberanía nacional. Decía don Pablo Latapí que si el gobierno tomara conciencia de la importancia de la educación, el plan nacional se regiría por los objetivos en materia educativa y el secretario de educación sería el jefe del gabinete legal. Pero no es así.

La reforma educativa del presidente Peña Nieto focaliza de manera especial los procesos de ingreso, permanencia y desarrollo del personal al servicio de la educación, así  como la asignación, disponibilidad y aplicación de los recursos de la nación en el marco  normativo vigente. Con esa intencionalidad, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la de Educación (SEP), acordaron en febrero de este año (Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 2014), el procedimiento mediante el cual se regularizarían los presupuestos educativos de los estados, y entraría entonces en operación el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), y el nuevo sistema de administración de pagos (recomiendo consultar al respecto mi artículo: Reforma educativa. RENAME, INEGI y otros misterios).

El problema es que dicho procedimiento no permite deslindar los resultados de la corresponsabilidad que existe en materia administrativa con relación con los recursos de plazas/horas transferidas desde 1992 a los estados de la república en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB).  Estas corresponsabilidades entre la SEP, la Sección 22 del SNTE y el gobierno del estado, no se pueden tratar adecuadamente mediante el procedimiento establecido por SHCP/SEP porque las hace borrosas.

La Sección 22 con sus movilizaciones, saltos mortales y actos violentos, trata de esconder la verdadera problemática porque de esta manera oculta su incapacidad como sindicato para hacer frente a la situación. Sus usos y costumbres como sistema de protesta  dejan a la Sección 22 con ese solo recurso: protestar. Por su parte, el gobierno del estado, habiendo desarticulado o neutralizado al cuerpo de expertos en el tema, con los que contaba Oaxaca, no puede construir una propuesta de solución y se queda viendo cómo se magnifica el problema con la esperanza de ganar tiempo para que sea el gobierno federal el que agarre al toro por los cuernos. La SEP pretende echarle tierra al asunto e ignorar su corresponsabilidad en el lío que representa hoy el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), cuyo déficit asciende a más de siete mil millones de pesos.

En esta situación se pueden vislumbrar, entre otros, dos escenarios:

1. Solución por usos y costumbres priistas.

Comentaba en una conferencia que me fue solicitada sobre el tema de la situación de la educación en Oaxaca, que el gobierno federal podría pactar con la Sección 22 del SNTE la muerte de la reforma educativa en Oaxaca, a condición de que aquella redujera su movilización al ámbito local, dejando a salvo al gobierno federal en la ciudad de México.; lo anterior, como he dicho, a cambio de no aplicar las medidas de contratación y evaluación del personal de los servicios de educación en Oaxaca y regularizar la nómina y con ello absorber el déficit que hoy tiene el IEEPO, que equivale a elevar el presupuesto de educación de 14 mil 821 millones a 21 mil 821 millones de pesos; sin que lo anterior repercuta en un mejora de la educación. Un priista invitado a la conferencia, comentó: “… o sea, por usos y costumbres”.

Me pareció un buen nombre para este escenario, que tendría como consecuencia tensiones a escala nacional entre el  SNTE y el gobierno federal,  mismas  que podría resolverse al estilo de Elba Esther Gordillo, es decir, manteniendo a la CNTE encapsulada y con suficientes recursos.

El incremento del 12.8 por ciento a las nóminas del SNTE y la CNTE, que se propone en el proyecto de Presupuesto de Egresos del gobierno federal, parece apuntar en ese sentido.

2. Aplicación de la reforma educativa a secas.

Este escenario contempla la aplicación de los criterios de regularización del presupuesto contenidos en el acuerdo SHCP y SEP, de febrero de 2014; lo cual implicaría una grave afectación para los trabajadores de la educación afiliados a la Sección 22 y también a un gran número de escuelas de los distintos niveles educativos que se quedarían de pronto, sin maestros. Estamos hablando de una drástica reducción de los ingresos de los trabajadores, pérdida de prestaciones, afectación del servicio educativo y cancelación de aproximadamente 21 mil plazas/horas.

Este efecto se daría aún con los 17,000 millones que se proponen para Oaxaca en el proyecto de presupuesto de egresos 2015 de la federación. Lo anterior  desataría una escalada de  protestas de la Sección 22 que pondría a Oaxaca al borde del colapso institucional. Con una intervención enérgica del gobierno federal, se retornaría a la paz y el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) de la Sección 22, correría el riesgo de desaparecer y Oaxaca quedaría muy lastimada.

Para mí, ninguno de estos  dos escenarios es  aceptable. Propongo una conciliación y regularización presupuestal para Oaxaca centrada en el derecho a la educación, que elimine privilegios; que reconozca corresponsabilidades y derechos y que apunte hacia una mejora sustantiva de los servicios educativos.

Mi propuesta se resumiría de la siguiente manera:

1. La creación del Sistema Nacional de Matrícula Escolar Única, para integrar calidad con equidad y hacer exigible el derecho a la educación. Oaxaca podría convenir con el gobierno federal que la entidad fuera el estado piloto en esta propuesta. Esto permitiría dar rostro, nombre y apellidos a los sujetos cuyo bien tutela el artículo tercero, de la constitución y daría un gran impulso a la reforma educativa y a la política de desarrollo social de los gobiernos federal y estatal.
2. Tomando como referencia la propuesta anterior, se iniciaría la revisión del estado que guardan las estructuras de personal de los centros educativos, con el propósito de compensar sus deficiencias y ajustar sus excedentes, para responder a la política de matrícula escolar única. (Primer paquete de regularización)
3. Realizada la primera conciliación, el resto de los recursos se evaluarían por su origen (la aplicación estaría cubierta en la fase (2)), regularizándose aquellas plazas/horas que derivan de un movimiento de cancelación-creación, que es un procedimiento regular pero extraordinario y por los mismo, que puede ser regularizado.

Las tres propuestas anteriores, suponen  aceptar corresponsabilidades, tanto del gobierno federal, como del estatal y del propio sindicato. A continuación,

4. Las plazas/horas, sin respaldo presupuestal, pero bajo el régimen de honorarios/contratos, que hayan derivado de necesidades de personal PAAE (Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación), podrían regularizarse en tanto respondan a demandas documentadas y justificables de los centros de trabajo con base en su estructura autorizada.
5. Todas las prestaciones derivadas de las negociaciones entre el sindicato y la representación en Oaxaca de la parte patronal, que no estén en el cuadro nacional de prestaciones; pero que cuenten con la documentación del acto jurídico que les dio origen, pueden ser regularizables bajo el argumento adicional de que los pagos se han realizado sin interrupción.

Debido a los tiempos y a la próxima aprobación del presupuesto de egresos 2015 del gobierno federal, debería crearse un fondo compensatorio para prever la regularización del presupuesto educativo del estado de Oaxaca, que no podría, según mis estimaciones, quedar resuelto sino hasta terminado el ciclo escolar 2014-2015. Lo anterior daría transparencia y certeza al ejercicio del presupuesto regularizado.

En mi opinión, debido a la situación de conflicto que se vive en Oaxaca y a la violación de facto del mandato constitucional y sus leyes reglamentarias, regresar a la legalidad y al orden público, implicará tomar medidas como las que he mencionado.

Sé que será difícil construir consensos; tómense mis comentarios como una propuesta seria y  fundada. De no construirse una solución con corresponsabilidad, nos espera un futuro lamentable que podría concretarse en cualquiera de los dos escenarios anteriores. Quienes tengan que decidir, que decidan.