Samael Hernández / Sección 22. La ley y el orden

OAXACA, Oax. 27 de noviembre de 2013 (Quadratín).- El martes 26 de noviembre, un grupo de sujetos, presuntamente miembros de la Sección 22 del SNTE, asaltaron las instalaciones de la Sección 59 del SNTE, amenazaron a sus ocupantes que después fueron obligados a retirarse. Los vándalos destrozaron el mobiliario, equipo de oficina y prendieron fuego a los expedientes de esa organización, que incluía documentación de control escolar  cuya destrucción afecta a los alumnos de los maestros de ese sindicato.

Horas después, la presunción dio lugar a la certeza, los dirigentes de la S22 reconocieron que dicha “ (…) actividad se llevó a cabo  por acuerdo de la asamblea estatal, como parte del posicionamiento político en torno a la regularización de los módulos educativos y por la exigencia de los compañeros de base y padres de familia de las diferentes comunidades.” (http://www.seccion22.org.mx/2013/11/26/no-permitiremos-que-charros-del-snte-continuen-apoyando-a-pseudo-maestros-s22/ Consultado el 27 de noviembre de 2013).

Desde el 2006, año en que los trabajadores de la Sección 22 abandonaron las escuelas durante varios meses, en algunas comunidades, las autoridades o los padres de familia decidieron tomar las escuelas y reanudar el servicio educativo que les garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La apertura de dichos servicios no fue ilegal, estuvo autorizada por el entonces director general del IEEPO e instrumentada por los funcionarios de aquel año que, entonces, no fueron los que imponía la S22 fuera de toda norma.

Derivado de estos hechos, la Sección 59 recibió la solicitud de maestros; demanda que no pudo cumplir por falta de recursos humanos; pero en algunos casos, pudo proporcionar al personal habilitado y contratado con fundamento en las propias  normas de la SEP, que reconocen, solo en esos casos, la posibilidad de contratar personal por el régimen de honorarios o similares para cubrir las vacantes. Hasta el 2011, según los reportes con que cuento, eran 529 escuelas las que ofrecían el servicio con maestros de la Sección 59 con aproximadamente 37, 000 alumnos.

Es cierto que en el 2006 y en los años subsiguientes, se instalaron servicios educativos de manera irregular (módulos); pero también lo es  que este es un viejo problema en el que  tienen responsabilidad  los trabajadores de la Sección 22. Es importante no confundir los módulos irregulares con las escuelas establecidas legalmente y en las que dan servicio personal de uno u otro sindicato.

Ante la imposibilidad de que el gobierno ofrezca variedad en el servicio público de educación, los padres de familia y las autoridades, han optado por  elegir a los maestros de una u otra sección, ante el incumplimiento de algunos de ellos; lo cual es perfectamente comprensible.

En estas circunstancias, el gobierno del estado formuló un acuerdo “POR EL QUE SE ORDENA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE OAXACA.” ( Periódico Oficial de Noviembre 16 de 2013).

Dicho acuerdo, no se avoca sólo  a la regularización de los módulos que están fuera de norma; sino además incluye a los trabajadores que por las circunstancias antes descritas, no están ubicados en sus originales centros de trabajo o no tienen nombramiento del IEEPO. En los considerandos no se establece con claridad el objeto, problema o cuestión del que deriva el cuerpo del acuerdo, es decir, “no se motiva”; lo cual se entiende porque de considerarse los antecedentes del problema  el acuerdo, en ese aspecto, no tendría sentido y los fundamentos legales que se invocan serían superfluos, como lo son; así como la inaplicabilidad de  las medidas que se establecen porque evaden  o desconocen el orden normativo previo; es decir, que la decisión de reabrir el servicio, y sus consecuencias, obedeció a un acto de autoridad legal.

Lo que sí motiva el acuerdo citado, es la violación de los derechos laborales de los trabajadores de la S59 y al parecer, también los actos vandálicos de la Sección 22, cuya asamblea legislativa, la asamblea estatal del magisterio, es la que, desde hace tiempo, dicta las leyes  y hasta los horarios que han de regir la vida de los oaxaqueños. Vamos mal; lo preocupante es que parece que iremos peor.

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