
Tareas de Claudia sin AMLO: economía y Casa Blanca
OAXACA, Oax. 13 de noviembre de 2013 (Quadratín).- Los maestros y trabajadores de la Sección 22 del SNTE son funcionarios públicos en lo individual; aunque como colectivo se reconozcan como sindicato; sus derechos no los eximen de sus obligaciones. La ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y municipios de Oaxaca establece: “Artículo 2º.- Son sujetos de esta Ley, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal y en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, sea cual fuera la naturaleza de su nombramiento, designación o elección.”
Frente a este hecho, resulta menos explicable el porqué los trabajadores de la educación del sector público violan las leyes con plena impunidad.
Manuel Antonio Iturribarría Bolaños Cacho, titular del IEEPO, declaró a la prensa que el jueves 14 de noviembre terminará el censo de escuelas impulsado por la SEP con el apoyo del Inegi, sin embargo, denunció que “en Oaxaca, solo 83 escuelas (de la Sección 59) formaron parte de dicho proceso, debido a la negativa de la Sección 22 del SNTE para participar. Los encuestadores fueron amenazados por los docentes para que no aplicaran el censo, pues de lo contrario serían golpeados, y aunque tienen la experiencia, porque son los mismos que lo han hecho en otros momentos, prefirieron retirarse y poner que no les permitieron el acceso a la comunidad”.
Con esto, la opacidad de un servicio público, como lo es el educativo, se convierte en obscuridad total: no sólo no se aplican las encuestas para evaluar a los alumnos y conocer su desempeño, tampoco sabemos cuántos trabajadores prestan sus servicios en el sector educativos, (se mencionan cifras que van de 70 mil a 78 mil trabajadores) y tampoco se sabe en qué condiciones fueron contratados. Ahora hay que agregar que no fueron censados. El servicio de educación se ha privatizado, la Sección 22 es dueña de un sector que cuesta al erario público más de 17 mil millones de pesos al año, y no desea rendir cuentas de nada a nadie.
Además de la privatización corporativa del sector educativo, éste se desmantela ante los ojos de los gobiernos de todos los niveles. Recientemente la empresa Hays International, organización experta en reclutamiento de personal en el mundo, publicó su Índice Global de Habilidades 2013, que califica la disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos calificados en 30 países incluido México. La puntuación que obtuvo nuestro país fue de 5.9, teniendo al 10 como máxima puntuación(http://www.hays.com.mx/%C3%8Dndice-Global-de-Habilidades/index.htm, consultado el 13 de noviembre de 2013). Este y otros indicadores muestran la crisis de nuestro sistema educativo; si no se toman medidas urgentes y de largo plazo, los mexicanos estaremos condenados a vivir en la dependencia, el conflicto y la pobreza. No me cabe la menor duda que la Sección 22, con su intransigencia, contribuye a este estado de cosas.