Sancionar negligencia y desdén de funcionarios a derechos humanos: Benjamín

México, D.F. 25 de julio de 2013 (Quadratín).- Para erradicar la negligencia o desdén con que algunos funcionarios se conducen cuando de respeto a los derechos humanos o publicación y difusión de información pública se trata, el senador del PRD Benjamín Robles Montoya presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Con la propuesta presentada por el legislador oaxaqueño se pretende establecer como sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el servicio público: Abstenerse de publicar y difundir la información a la que todo ciudadano tiene derecho, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Así como abstenerse de atender en tiempo y forma las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sin causa justificada; y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público, entre otras omisiones.

“La existencia de sistemas de control y fiscalización de la Administración Pública resulta fundamental, toda vez que de ello depende la eficiencia y buen funcionamiento de cualquier régimen democrático. Así, a efecto de contar con un marco normativo eficaz en materia de responsabilidad de los servidores públicos, es menester delimitar de manera afectiva y concreta las acciones y omisiones de éstos funcionarios, a efecto de que la ciudadanía cuente con mecanismos efectivos para salvaguardar sus derechos”, argumentó el perredista.

Robles Montoya consideró que el hecho de que la ciudadanía conozca los procedimientos para la toma de decisiones, así como la actuación de los servidores públicos, dificulta el quebrantamiento de las leyes, por lo que la transparencia se vuelve la herramienta más eficaz cuando de garantizar la ética en el servicio público se trata.

De esta forma, una mayor transparencia implica mayor exigencia de responsabilidad, así como accesibilidad y carácter dinámico del marco legislativo, que indica a los funcionarios que deben hacer y cómo hacerlo, e informar al público en general de los deberes del servicio público de forma que pueda exigir a aquellos sus responsabilidades.