Sara Lovera / Aborto: debate abierto

Sara Lovera (Colaboracíón)*
Oaxaca, Oax., 29 de septiembre de 2011 (Quadratín).- El debate sobre las modificaciones constitucionales que hicieron los estados de Baja California y San Luis Potosí para incluir la protección absoluta de la vida en gestación, entre 17 entidades que han hecho modificaciones en el mismo sentido, no es necesariamente la cancelación del derecho por excepción que tienen las mujeres a interrumpir un embarazo y en cambio produce una cadena de interpretaciones populares contra esos derechos.
De acuerdo a 23 organizaciones, redes y organismos independientes de derechos humanos, lo que hoy habría que celebrar es que la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( 7 de 11) se pronunciaron a favor de los derechos humanos de las mujeres al considerar que la reforma en Baja California es inconstitucional por no respetar los derechos a la vida, salud, integridad y privacidad de las mujeres.
Marta Lamas, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, (GIRE) me declaró que en muchos países con una democracia moderna conviven perfectamente la protección a la vida como principio básico constitucional, con las excepciones en que es necesario asegurar a las mujeres su derecho a interrumpir un embarazo.
Las investigaciones sobre la clandestinidad del aborto en México revelan, desde 1976, que las mujeres mexicanas abortan y que muchas de ellas, cerca de mil 500 anualmente, pierden la vida en consultorios clandestinos y en la práctica ese derecho fundamental a la vida, la salud y la integridad es negada. Incluso algunos estudios señalan que la muerte por aborto inseguro debería considerarse como una forma de feminicidio de Estado.
El problema persistente es la interpretación que se hace de ese derecho fundamental a la vida, dando al cigoto derechos civiles, como si se tratara de una persona, frente al derecho de las mujeres y, lo que es más grave, se pone en riesgo el avance de la ciencia incluyendo la anticoncepción de emergencia, las técnicas de reproducción asistida y a la investigación en células embrionarias.
En la mayoría de los países donde se ha despenalizado el aborto no hay contradicción con la protección a la vida, porque se trata de democracias modernas que son capaces de no hacer contradictorios los derechos humanos de las mujeres, con la obligación de los Estados de proteger la vida.
Lo que sucede en México es que desde 2008 estas modificaciones para declarar la protección de la vida desde la concepción, originaron una cadena de interpretaciones que buscan cancelar en la práctica y no por ley, los derechos sexuales y reproductivos y se condena la interrupción del embarazo (ILE) en todas sus formas e incluso el derecho al uso de los anticonceptivos.
México es un país con una tradición despenalizadora del aborto desde 1929 en que se creó la excepción del delito de aborto cuando una mujer sufre una violación sexual, a la que había que garantizarle su derecho a la ILE por la monstruosidad que significa tener un hijo producto del ataque sexual; más tarde se han creado y sobreviven a los cambios constitucionales más de cinco excepciones al delito de aborto en diferentes códigos penales de los estados.
Si se lee con cuidado y profundidad el debate de los magistrados la Corte reafirmó que ningún derecho es absoluto y que si bien debe protegerse la vida prenatal, dicha protección no puede ir en contra de los derechos de las mujeres. Hubo consenso en que la libertad de los estados para regular la protección de la vida en gestación no puede contravenir ni restringir derechos ya reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de derechos humanos. Con ello, la mayoría de los Ministros de la Corte consideraron que la protección de la vida prenatal debe ser compatible con los derechos de las mujeres.
El máximo tribunal de justicia del país ha recuperado para sí una voz mayoritaria con argumentos jurídicos que garantizan el respeto de los derechos humanos de las mujeres y que son propios de un Estado laico y democrático.
Las organizaciones aplaudieron del Ministro José Franco González Salas, así como de la Ministras Olga Sánchez Cordero y Luz María Aguilar Morales y a los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y Sergio Armando Valls Hernández quienes optaron por salvaguardar la vida y la salud de las mujeres.
Es evidente que las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción, no deben aplicarse de forma restrictiva respecto de los derechos de las mujeres. Los estados siguen obligados a garantizar que las mujeres accedan a servicios de interrupción del embarazo, a los métodos anticonceptivos incluyendo la anticoncepción de emergencia, a las técnicas de reproducción asistida y a la investigación en células embrionarias. Los argumentos vertidos por la mayoría de la Corte deben prevalecer en la interpretación de las reformas constitucionales que se han hecho en 17 entidades y en la actuación de las autoridades tanto de salud como de procuración de justicia.
También prevaleció la autonomía del Poder Judicial a pesar de desafortunado intento de injerencia del Ejecutivo Federal para menoscabar la imparcialidad de la Suprema Corte en la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad. Y aún, de la carta que para presionar a los ministros envió el secretario de gobernación, Francisco Blake.
No deja de ser simbólico que el debate se haya puesto en primer plano, cuando el 28 de septiembre de hace una jornada en América Latina por el Día Latinoamericano de la Despenalización del Aborto.
En las horas que precedieron a la decisión de la Suprema Corte, decenas de organismos nacionales y extranjeras manifestaron su inconformidad, entre ellas Amnistía internacional que difundió unirse a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas señaló.
También dos marchas paralelas de feministas mexicanas, una de las cuales llegó la tarde de este miércoles al Zócalo, consideraron que la decisión es un retroceso. A ello Marta Lamas señaló: habría que recibir con beneplácito el debate, que nada tiene que ver con el que se escenificó en otros momentos y en otras épocas.