Se suma Poder Judicial a esfuerzos por erradicar la trata de personas

OAXACA, Oax. 11 de septiembre de 2014 (Quadratín).- Con la finalidad de revisar estrategias y desarrollar acciones en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia, la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en Oaxaca, realizó su Segunda Sesión Ordinaria encabezada por el jefe del Ejecutivo Gabino Cué Monteagudo y en la que estuvo presente el titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.

En la reunión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura avaló junto con el Mandatario estatal el proyecto de reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en Oaxaca; el Proyecto del Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial; así como el Proyecto de un Programa Estatal para el combate a estos delitos.

Al ser el territorio mexicano catalogado como un paraíso para la trata de personas y Oaxaca uno de los ocho estados con mayor incidencia de delitos relacionados con la trata, el Gobernador de Oaxaca consideró fundamental la creación de normas locales que puedan ser armonizadas con la ley nacional y permitan concientizar a la población de la capital y los pueblos indígenas sobre la importancia de erradicar las prácticas de esclavitud que aún persisten.

En la presentación del Protocolo de Atención a Víctimas e Investigación de Delitos de Trata de Personas para el Estado de Oaxaca, a cargo de la representante de ONU Mujeres en el Salvador, Patricia Olamendi Torres, se dieron a conocer una serie de acciones para que los servidores públicos de las instituciones de seguridad y procuración e impartición de justicia identifiquen y protejan a las víctimas de delitos de trata, homicidio y violencia, con la finalidad de garantizar su protección.

Al respecto, el magistrado Alfredo Lagunas afirmó que el tratamiento de estos delitos requiere de una política transversal; por esa razón, los juzgadores de la institución a su cargo son garantes de la legalidad y del estado de derecho sabedores de que la sociedad sigue reclamando la protección más amplia a sus derechos humanos, sobre todo, de los grupos más vulnerables ya sea por razón de género, edad, sexo, nacionalidad o religión.

“El Poder Judicial impulsa programas de sensibilización y capacitación para proteger los derechos humanos, promover la equidad de género y erradicar la violencia; ahora los juzgadores cuentan con las herramientas necesarias para aplicar las sanciones que amerita la comisión de estos delitos”, dijo.