Senado turna a comisiones iniciativa de transparencia a programas sociales

México, DF. 14 de diciembre de 2012 (Quadratín).-El Senado de la República turnó a comisiones la iniciativa para transparentar los programas sociales y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los mexicanos, que fue presentada este jueves al Pleno por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sobre esta iniciativa el perredista comentó: “La opacidad en los programas sociales es un problema que repercute de manera grave y directa en la capacidad del Estado Mexicano para garantizar los derechos sociales consagrados en la Carta Magna. Definitivamente la discrecionalidad, la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos fomentan la corrupción y el uso partidista de dichos programas, lo que ha impedido su impacto en la erradicación de la pobreza”.
Mediante la reforma a la Ley General de Desarrollo Social, el legislador explicó que se obligaría al Gobierno Federal a elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, así como a las entidades en sus respectivos periódicos oficiales, las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, normatividad, calendarización y asignaciones; de lo contrario los responsables serían sancionados.
La iniciativa -que fue turnada por el pleno del Senado de la República a Comisiones para su estudio, análisis y dictamen- establecería que la política de desarrollo social deberá estar a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y su revisión periódica, y la inmediata suspensión de los programas en caso de identificar opacidad.
Además, indicó que con esta propuesta habrá una evaluación de resultados, donde se incluirían los indicadores de resultados, gestión y servicios para analizar su cobertura, calidad e impacto.
El senador por Oaxaca destacó que los estados tienen la obligación de proteger los derechos sociales, que como lo establece la Constitución, no están sujetos a plataformas políticas o al arbitrio de la administración en turno.
“Se ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas pero aún vemos como el flujo de los recursos se ve obstaculizado por diversas carencias normativas, impidiendo que el esfuerzo presupuestal del Estado llegue a la población meta, y sin contribuir de manera efectiva a la erradicación de la pobreza”, afirmó el senador.
Precisó que los programas menos transparentes significan el 38 por ciento de los casi 400 mil millones de pesos presupuestados para esos apoyos sociales; y de acuerdo con el INDEP 2012, sólo 16 programas, de los 163 evaluados, alcanzaron calificación de óptimos”.