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Oaxaca, Oax. 10 de diciembre de 2012 (Quadratín).-Ante la presencia del Gobernador Constitucional del Estado, Gabino Cué Monteagudo, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera, titular del Poder Judicial del Estado, participó en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, realizada en Palacio de Gobierno, donde señaló que el Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de estos derechos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, cumpliendo así, con la obligación que tiene todo servidor público de promoverlos y respetarlos como lo dictan las leyes.
Después de la participación de cada uno de los integrantes del presídium, entre los que destacan Aida Marín Acuapan, representante de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Oaxaca, Gloria Ramírez Hernández, coordinadora de la Cátedra UNESCO-UNAM, y Arturo Peimbert Calvo, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, entre otros, el magistrado presidente hizo hincapié en la necesidad de diseñar políticas públicas que impulsen la realización de acciones con estrategias y programas que ayuden a superar los obstáculos al pleno goce de los derechos humanos.
Es importante señalar que en el marco de esta conmemoración, se llevó a cabo en una sede alterna, el Foro de Consulta y Retroalimentación sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de integrarlo al Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca que se deriva del Acuerdo Nacional de Derechos Humanos suscrito entre la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas, correspondiéndole al Poder Judicial del Estado el tema de los menores y adolescentes.
Este foro fue convocado por el Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y expertos en este tema, así como servidores públicos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y dependencias de los tres poderes del Estado, responsables de los derechos de uno de los núcleos de población más susceptibles de sufrir violaciones sistemáticas, como son niños y adolescentes.