Son ilegales los cateos si no hay orden de juez: Juristas

Huatulco, Oax. 13 de marzo de 2009 (Quadratín).- Abogados penalistas consideraron que los allanamientos, sin orden de cateo expedida por un juez federal o, en su caso, del fuero común, realizados recientemente en la Costa y el Istmo de Tehuantepec por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están fuera de la legalidad.
Se trata de actos que contravienen lo dispuesto por la Constitución Política de México, que protege la integridad, el patrimonio y la seguridad de la población, coincidieron en señalar los especialistas consultados.
Según los abogados, sólo en algunos casos específicos estaría justificada una acción de esta naturaleza, como ha sucedido en otras entidades del país cuando se reporta que en algún inmueble hay hombres provistos con fusiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas, que incluso han atacado a policías federales o al mismo Ejército, dijeron.
La incursión violenta de decenas de soldados que se registró durante la noche del pasado martes en al menos tres inmuebles en este centro turístico, donde no se localizaron indicios de armas o drogas, pueden ser tipificada como un caso de allanamiento de morada, abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y daños en propiedad ajena, explicaron los juristas consultados.
El miércoles pasado la ciudadana Ethel Contreras denunció públicamente que presuntos elementos del Ejército Mexicano ingresaron, sin una orden de cateo la noche del pasado martes, a su departamento localizado en el conjunto habitacional Chahué, de donde habrían sustraído dinero en efectivo y tarjetas bancarias.
Operativos similares ocurrieron esa misma noche en dos domicilios ubicados en los sectores V y U, respectivamente, en donde los jefes de familia fueron obligados –una vez que los uniformados comprobaron que no había ilícito alguno– a firmar un documento en el que los moradores supuestamente otorgaron su consentimiento para el ingreso de los soldados.
“Lo hicieron para ocultar o tratar de justificar que fue una acción ilegal”, explicó un abogado penalista residente en esta localidad.
Conforme a informes dados a conocer recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la mayoría de las mil 602 quejas en contra de efectivos militares que recibió la institución en 2007 y 2008 están vinculadas a cateos ilegales, tratos crueles y degradantes, ejercicio indebido de funciones, detenciones arbitrarias, robos, amenazas e intimidación.
Aunque dijo desconocer a qué corporación pertenecían los hombres armados, por la descripción que le dieron sus vecinos, Ethel Contreras señaló que bien podrían ser elementos militares porque iban vestidos de uniformes verde olivo, portaban armas largas y llevaban el rostro cubierto con pasamontañas.
En su caso, la agraviada pretendió denunciar ante la agencia del Ministerio Público del fuero común el destrozo de sus puertas y el robo de pertenencias, sin embargo en esa oficina se negaron a atender su queja y la remitieron hacia las oficinas de la Procuraduría General de la República.
Los abogados consultados señalaron que en su Artículo 15 el Código Penal vigente para el estado de Oaxaca señala como obligatoria la participación de los agentes del ministerio público para tomar conocimiento de los delitos denunciados.
Mencionaron que esta ley ordena que los ministerios públicos den protección, seguridad y auxilio a la víctima bajo cualquier circunstancia.
Los penalistas explicaron que el ministerio público está obligado atender “que no se pierdan, destruyan o se alteren las huellas del hecho delictuoso”.
Los especialistas señalaron que por su parte la ley Orgánica de la Procuraduría, en su Artículo 47 sostiene que los agentes ministeriales deben iniciar ahí mismo, inmediatamente la Averiguación Previa correspondiente de forma oficiosa.
Humberto Díaz Orozco, agente del ministerio público adscrito en Santa Cruz Huatulco, declaró al respecto que estos casos siempre han sido remitidos ante el fuero federal.
“Los delitos cometidos por elementos federales automáticamente es competencia del fuero federal”, justificó el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Los abogados consultados dijeron, por su parte, que los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público del fuero común son simples especulaciones ya que las víctimas sólo demandan justicia, independientemente de que en el proceso de la investigación fueran señalados como responsables a los integrantes del Ejército.
Los penalistas dijeron que en estos casos no sólo están en juego la integridad física y el patrimonio de civiles, sino la salud moral y sicológica de los afectados ya que después de presenciar escenas como la descrita por Ethel Contreras pueden sufrir depresiones, estrés o delirio. (Con información de Raúl Pérez).