Sujetos Obligados llevados a juicio cumplen emplazamientos del IEAIP

Oaxaca, Oax. 7 de abril de 2011 (Quadratín).- “Las instancias de gobierno, que son Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia en Oaxaca, cumplen los emplazamientos del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP) durante el proceso normal de acceso y también en los plazos legales del Recurso de Revisión –que es el juicio interpuesto en su contra por Solicitantes de Información inconformes-, tales son los ejemplos de la Secretaría de Finanzas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Ayuntamiento de El Espinal, y la Universidad del Mar” se registró en la Sesión Pública de Resolución de este jueves 7 abril, realizada por el Consejo General del órgano garante del Derecho a Saber en la entidad.
Y es que los Comisionados del IEAIP, Genaro Vásquez Colmenares, Soledad Rojas Walls y Raúl Ávila Ortiz, dieron cuenta de 13 resoluciones de Recursos de Revisión, entre las que destaca el sobreseimiento al juicio donde estaba involucrada la Procuraduría General de Justicia del Estado, pues en la etapa de alegatos y pruebas ante este órgano garante, esta dependencia rindió un informe detallado con los datos estadísticos y las explicaciones solicitadas con anterioridad por un ciudadano, sobre los delitos denunciados en los municipios de la zona conurbada entre 1990 y el 2000. Por lo que tal información se puso a disposición del recurrente durante 10 días hábiles, y como estuvo satisfecho, el juicio ya no tenía razón de ser, por lo que se debió sobreseer.
En el mismo sentido se desarrolló el juicio interpuesto en contra del Ayuntamiento de El Espinal, que una vez en la etapa legal entregó al solicitante –ahora recurrente-, los datos, explicaciones y documentos expresamente detallados en los artículos 9 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, desde la estructura orgánica, la remuneración mensual por puesto, el Plan Municipal de Desarrollo, los ingresos por cobro de impuestos propios, contratación de obra y resultados de su gestión.
Acatando también la autoridad en materia de Transparencia que representa el IEAIP, la Universidad del Mar entregó durante el procedimiento del Recurso de Revisión, el “reporte con la ocupación del Hotel Gobernador durante 2009 y 2010, por mes; el ingreso neto y los gastos de operación en el mismo periodo; el reporte de la renta de los salones o espacios comunes, por evento, fecha e ingreso neto generado”, que en el proceso normal de acceso había solicitado un ciudadano.
Mientras que en el proceso normal de acceso a la información pública, la Secretaría de Finanzas había entregado al solicitante “el presupuesto asignado por el Gobierno del Estado a cada una de las Universidades Públicas en la entidad en el 2010” detallando en una tabla que: 49 millones 183 mil pesos a la UMAR; 39 millones 832 mil a la UTM; 564 millones 61 mil a la UABJO; 11 millones 636 mil a la Universidad del Istmo; 12 millones 725 mil a la Universidad del Papaloapam; 9 millones 427 mil a la Unisis; 6 millones 922 mil al Instituto Tecnológico de San Miguel El Grande; 4 millones 785 mil a la Universidad de la Sierra Juárez; 5 millones 227 mil a la Universidad de la Cañada; 4 millones 677 mil a la Universidad Tecnológica de Valles Centrales; y 1 millón 41 mil pesos al Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, por lo que la inconformidad del solicitante no era fundada, y en tal resolución se confirmó la respuesta del Sujeto Obligado.
Casos que contrastan con la insistente omisión del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, que nuevamente se negó a entregar respuesta durante el proceso normal de acceso a la información pública, y no acudió a ninguna audiencia del procedimiento legal que implica el Recurso de Revisión interpuesto en su contra, esta vez, por no entregar datos sobre “la conformación de los Ayuntamientos de Oaxaca de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Huajuapam de León, San Pedro, San Pablo Ayutla, y Tuxtepec, de 1990 a la fecha, detallando partido político del presidente municipal, así como número y partido político de síndicos y regidores”, por lo que el órgano garante del Derecho a Saber realiza una amonestación pública y enérgica a este Sujeto Obligado de la Ley, previniéndole del inicio de un trámite ante el Congreso del Estado para su sanción correspondiente.