Toman palacio municipal de Pochutla y exigen destitución de Edil

Pochutla, Oax. 20 de enero de 2009 (Quadratín).- Más de 150 habitantes de diversas comunidades de este municipio tomaron la madrugada de este martes el palacio municipal para exigir la destitución del edil priista José Manuel Ricárdez López por el presunto desvío de recursos públicos.
Agentes y representantes municipales, así como ciudadanos de más de una docena de comunidades ocuparon desde las 5 de la mañana las instalaciones del inmueble, encabezados por el ex diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Vizarretea Salinas.
En entrevista vía telefónica, el ex legislador afirmó que se trata de pobladores de las comunidades de Benito Juárez, Arroyo Cruz, Cuatunalco, Tachicune, Lagunilla, Chacalapa, San Miguel Figueroa, San Isidro Apango, Chepilme, San Roque y El Vigía, “al que se irán sumando personas de otras poblaciones inconformes”.
La decisión de los manifestantes de bloquear el palacio municipal se debe “al desvío de recursos que hizo José Manuel durante el 2008”, por lo que exigen que el Congreso del estado inicie el procedimiento correspondiente para destituir al munícipe.
“Las comunidades están cansadas de mentiras, como los fueron las primeras piedras que colocó en la agencia de Benito Juárez para la construcción de mercado o en Apango para el sistema de agua potable. En todo el año pasado no se avanzó más que en esas primeras piedras”, sostuvo Vizarretea Salinas.
El también ex candidato a la presidencia municipal de Pochutla en los comicios de 2004 dijo que es “escandalosa la corrupción” de las autoridades, principalmente por los actos en que ha incurrido Ricárdez López a tan sólo un año de haber tomado posesión de su cargo.
Conforme a su versión, “los hermanos y la esposa del edil pochutleco andan ahora a bordo de lujosas camionetas y vehículos que antes de que él asumiera el puesto en enero de 2008 no ostentaban”.
Vizarretea Salinas dijo que una muestra del mal uso y desvío de recursos del pueblo de Pochutla es que hasta ahora las autoridades municipales sólo han comprobado los meses de enero y febrero de 2008 ante la Auditoría Superior del Estado de todos los recursos recibidos en el ejercicio del año pasado.
El ex legislador también cuestionó el hecho de que en el cabildo encabezado por Ricárdez López existan cinco regidores de más, que cobran sus quincenas sin que sea legal su participación en el cuerpo edilicio de San Pedro Pochutla.
Y es que de 19 concejales que lo forman sólo 14 fueron electos de manera directa por los ciudadanos ya que los otros cinco ingresaron a través de acuerdos de tipo político entres los partidos que contendieron en los comicios efectuados en octubre de 2007.
Esta reciente protesta se suma a la inconformidad que existe incluso dentro del propio cabildo, donde 8 concejales han manifestado su desacuerdo con algunos actos del munícipe priísta.
Apenas en diciembre pasado el edil fue denunciado públicamente por integrantes del cabildo de incurrir en el presunto desvío de recursos, entre ellos unos casi 8 millones de pesos del Ramo 33, fondo III, justificados en seis obras públicas inexistentes.
Así lo denunciaron en esa ocasión los regidores Eleazar Isaías Arista Romero, Juan Everardo García Mendoza, Concepción Alicia Díaz Vásquez, Leoncio Carmona Martínez, Ramón Pánfilo Buy Colmenares, Marco Antonio Ruiz Pérez, Adolfo García Alcázar y Rogerio Antonio Ramírez Buy y el director de Obras Públicas Municipales, Eliécer Hernández Reynaga.
Hasta ahora el edil Ricárdez López no ha realizado ninguna declaración al respecto y mucho menos ha presentado pruebas para desmentir Pese las acusaciones en su contra.
Documentos oficiales indican que en 2008 las autoridades de Pochutla recibieron 15.5 millones de pesos del ramo 28, y más de 52.3 millones de pesos del ramo 33, lo que da un aproximado de 67.8 millones de pesos.
Adicionalmente, por concepto de Ajustes recibieron 3.6 millones de pesos, por Traslado de Dominio más de 297 mil pesos y de un fondo de recursos petroleros alrededor de 112 mil pesos.
De este monto de más de 71 millones de pesos, –cifra distinta a los 67.8 millones que mencionó Ricárdez López en su informe rendido el viernes 19 de diciembre–, sólo habían comprobado hasta diciembre pasado el ejercicio de los meses de enero y febrero ante la Auditoría Superior del Estado.

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