Garantiza TEPJF alternancia de género en el PAN
México, D.F. 15 de octubre de 2009 (Quadratín).- El presidente Felipe Calderón, el Congreso de la Unión y las autoridades locales en Oaxaca tienen en sus manos la determinación de iniciar juicio político en contra de Ulises Ruiz, gobernador de la entidad, como principal responsable de la violación de derechos humanos y omisiones durante el conflicto magisterial, político y social de 2006 y 2007.
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia aseguró que no corresponde a esa instancia interponer sanciones.
Nosotros cumplimos con lo que nos manda la Constitución de hacer la investigación, señalar si hubo violaciones graves y el nombre de las personas que cometieron esas violaciones graves.
Al concluir el Seminario sobre Litigio de Interés Público, el ministro resaltó insistió que lo importante en éste caso fue la intervención de la Suprema Corte para investigar, a través de una comisión, los hechos ocurridos en la capital oaxaqueña y en los municipios conurbados.
Dijo que no es un asunto menor que la Corte se haya pronunciado respecto al conflicto en Oaxaca.
Destacó que a pesar de que la postura de tres de los ministros fue por señalar que además de las acciones violentas y los excesos del uso de fuerza de las autoridades locales, también hubo omisión por parte de las autoridades federales para ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad pública y auxiliaran a la legislatura local y al gobernador. Sin embargo, esa postura no prosperó y sólo quedará suscrita en el dictamen final como una postura personal.
Entrevistado en la Facultad de Derecho, José Ramón Cossío indicó que además de responsabilizar al gobernador priísta Ulises Ruiz, están una serie de nombres, todos ellos autoridades locales.
Explicó que a diferencia de eventos como los suscitados en Atenco y Aguas Blancas, en el conflicto magisterial, que duró poco más de nueve meses en Oaxaca, faltó una actuación a tiempo, lo que generó las violaciones.