
Félix, el biker de la política y cómo “se atraviesan las vacas al toro”
El evento fue resultado de las inconformidades sociales que ha detectado el personal de la Comisión nacional contra acciones realizadas por el Estado, las cuales involucran tierras, territorios y recursos naturales en las diversas comunidades indígenas del país.
En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, este Organismo nacional autónomo organizó este Foro en el que se destacaron los instrumentos internacionales en los que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas se encuentra establecido como obligación y responsabilidad jurídica de México.
Este derecho implica en sí mismo, la obtención del consentimiento previo, libre e informado, respecto de la implementación de programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas por parte del Estado y afectación de tierras y territorios que impacten sobre los valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos y comunidades indígenas.
Para la Comisión Nacional es necesario impulsar la promoción, defensa y protección del derecho a la Consulta como uno de los haberes fundamentales de estos pueblos y comunidades.
Por ello orienta sus esfuerzos para garantizar esta protección en el ámbito de su competencia y de acuerdo con las facultades y responsabilidades que la ley le confiere, como lo hizo en el caso del pueblo Wixarika en Wirikuta, que dio origen a la Recomendación 56/2012 de la CNDH.