Garantiza TEPJF alternancia de género en el PAN
MÉXICO, DF. 20 de abril de 2014 (Quadratín).- El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta advirtió que la falta de leyes reglamentarias en materia político-electoral encendieron la «alerta roja» de cara a los comicios federales de 2015, por ello es urgente de realizar esfuerzos extraordinarios para que antes de terminar abril estén listos esos cambios.
El líder de los senadores del PRD afirmó que de no aprobar las reformas habría una situación «grave e inédita» en el sistema electoral mexicano, cuya consecuencia sería una vulnerabilidad institucional que pondría en riesgo la organización, realización y calidad de las elecciones del próximo año.
«Hoy existe un nuevo órgano garante de las elecciones: el Instituto Nacional Electoral (INE), con nuevos consejeros y mayores funciones, pero a unas semanas de su nacimiento está atado de manos porque tiene que trabajar con los antiguos ordenamientos como el COFIPE y no con las nuevas leyes», explicó.
Barbosa dijo que temas tan importantes como la designación de los consejeros estatales, la fiscalización de los recursos y de las sanciones se encuentran en la vulnerabilidad jurídica e indefinición política ante la falta de leyes que las regulen.
En año pasado el Congreso de la Unión aprobó cambios a las leyes electorales, pero los legisladores no han avalado las leyes secundarias en la materia.
La Semana Santa, los legisladores se dieron un puente vacaciones por la falta de acuerdos para sacar adelante esas regulaciones.
En el Senado, las principales fuerzas políticas PRI, PAN, PRD y el PT han presentado sus propuestas de leyes secundarias en materia político electoral y se prevé que en esta semana comiencen con su análisis y discusión.
«En estos momentos no existe certeza sobre las elecciones del próximo año, ¿por qué al cuarto para las doce se tiene que decidir sobre cambios tan importantes a nuestras reglas electorales?», planteó Barbosa.
El legislador consideró que hay dos razones para estar en esta situación: la primera, por la existencia de visiones y prácticas políticas que desdeñan el proceso legislativo y consideran que los diputados y senadores pueden obviar sus atribuciones establecidas en la Constitución.
La segunda razón obedece a una estrategia política de algunos grupos parlamentarios a favor de sus intereses y prioridades.