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Fluirán inversiones con conclusión del interoceánico: Nino Morales
Oaxaca, Oax., 4 de octubre de 2011 (Quadratín).- Dada la movilización que se ha suscitado en los últimos días en la ciudad capital del Estado, por parte de los grupos sociales en demanda de diversas actos de gobierno, según las necesidades de cada cual, es importante y obligatorio que la administración del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, intervenga de manera eficaz, responsable, con respeto pleno de los derechos humanos y conforme a derecho.
Subrayó el parlamentario oaxaqueño Max Vargas Betanzos, al momento de enfatizar que no es necesario esperar la movilización de la ciudadanía para empezar a tomar cartas en el asunto; se debe evitar el perjuicio a la población en general, dijo, por causas justas o injustas de pequeños grupos, que afecta seriamente todo tipo de actividades que desempeñan los oaxaqueños y aquellos que no siéndolo, realizan un sinfín de actividades comerciales, culturales o turísticas.
La falta de atención oportuna a las organizaciones sociales y a la población en general, da pie a que ocurran este tipo de incidentes, por lo que habrá de ser necesario proponer una legislación dirigida a los manifestantes.
Lo anterior, añadió, no con el ánimo de coartarles el derecho a la expresión de ideas o peticiones de manera pública, ni a restringir la libertad de manifestación, tampoco se considera adecuado el uso de la fuerza pública, sobre todo cuando hay personas inocentes que muchas de las veces son utilizadas como carne de cañón.
Lo que debe hacerse es privilegiar el diálogo, mediante un procedimiento o protocolo específico que permita agotar las instancias necesarias para la solución de las demandas, incluso que se considere un foro público, abierto, donde participe la parte o grupo demandante para que la sociedad pueda conocer directamente de sus pretensiones, para saber que tan urgente o abandonada se encuentra su demanda, lo que resulta imprescindible.
El legislador del XIV Distrito de San Pedro y San Pablo Teposcolula, abundó que para ello, mediante un decreto, el Ejecutivo debe de considerar la creación de una oficina o coordinación de atención a movimientos sociales, que dependa directamente del Gobernador, que atienda o verifique la atención a las diversas peticiones de la ciudadanía, por parte de las dependencias, inclusive de la Procuraduría General de Justicia.
En tanto, añadió, la Secretaría General de Gobierno no debe esperar a que los asuntos les explote en las calles, deberían de demostrar que tienen oficio, tanto el titular, que siendo priista actuaba de manera ágil hoy está a la espera de que los ciudadanos lleguen a buscarlo, o como el caso de los perredistas que están en la subsecretaría, que demuestran desinterés en ir a la calle a atender problemas que han dejado ir creciendo.
Para algunos manifestantes el desinterés del gobierno por atenderlos se está convirtiendo en la falta de gobernabilidad, lo que resulta grave, pues tan riesgoso como irresponsable es la represión como la indolencia, concluyó Vargas Betanzos.